Recuperación económica y seguridad jurídica
Recuperación económica y seguridad jurídica
JOAN CARLES OLLÉ 08/01/2012
La necesidad de estimular los mercados y la presión enorme de los agentes económicos sobre los Gobiernos para ampliar cada vez más los márgenes legislativos de la libertad individual, de contratación y de empresa hace más crucial que nunca la seguridad jurídica para el progreso y el crecimiento económico. De hecho, la actual crisis económica y financiera internacional tiene su origen y desencadenante en el problema de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que puso al descubierto las enormes carencias de seguridad jurídica del sistema anglosajón. El gran reto de nuestros gobernantes consiste en que las reformas no impliquen una pérdida de seguridad jurídica, algo inasumible para empresas y ciudadanos.
El concepto de seguridad jurídica va asociado a la certeza en la norma y en las relaciones jurídicas y predictibilidad en la aplicación de aquella por el Estado. Entre otras técnicas legislativas desaconsejables, produce inseguridad jurídica el abuso de los efectos retroactivos de la ley, en cuanto puedan afectar a derechos individuales adquiridos. Este fenómeno es demasiado frecuente en nuestro país en la normativa fiscal. Asimismo, la aplicación retroactiva de la Ley de Costas 22/1988 perjudicó los derechos de propiedad de ciudadanos españoles y de otros países de la Unión Europea en diversas zonas de nuestro litoral mediterráneo, con grave descrédito para nuestro sistema de seguridad jurídica. A su vez, la seguridad jurídica debe relacionarse con la idea de justicia, que está situada en un plano incluso superior (sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 1981). Cuando la norma es o se convierte en injusta, debe ser derogada o modificada. Tal acontece actualmente en materia de ejecuciones hipotecarias, donde se producen situaciones injustas o abusivas para el consumidor que el legislador deberá corregir.
El Estado garantiza la seguridad imponiendo el imperio de la ley en un doble momento de las relaciones jurídicas y de manera doblemente eficaz: a través de la seguridad jurídica preventiva que ejercen notarios y registradores, lo que garantiza que los negocios jurídicos se ajusten a la norma, y la seguridad jurídica correctiva o sancionadora, que ejercen los jueces y que restablece la paz social cuando ha sido conculcada.
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