El PP presenta una modificación a la Ley de Costas para mantener algunas concesiones e indemnizar a otras
La iniciativa pretende evitar los «efectos perversos» de la norma conservando su «espíritu» de protección
El Partido Popular ha presentado en el Senado una proposición de ley para modificar la Ley de Costas de 1988 de manera que se puedan mantener las concesiones otorgadas antes de ese año que sean compatibles con la protección del litoral y se estipulen indemnizaciones para el resto.
La iniciativa, redactada por la senadora ‘popular’ por Cantabria Leticia Díaz, pretende evitar los «efectos perversos» de la norma, pero conservando el «espíritu» de protección de la costa, según han explicado esta martes en rueda de prensa la propia senadora y el presidente del PP cántabro, Ignacio Diego.
La proposición de ley del PP, a la que se podrán presentar enmiendas hasta el próximo 17 de septiembre, plantea modificar la disposición transitoria segunda y la disposición transitoria sexta de la Ley del 88.
Por un lado, los ‘populares’ proponen que se elabore un instrumento de planificación específica que valore «costa por costa» qué usos son compatibles con la conservación ambiental. Mientras tanto, quieren que se mantengan las concesiones previas a la aprobación de la ley.
Una vez esté hecho el análisis, el PP sugiere que se puedan mantener aquellas concesiones que sean compatibles con la protección. Y para las que sean «manifiestamente incompatibles», demanda una valoración e indemnización.
Junto a esto, el Partido Popular propone que se anule parte del reglamento de desarrollo de la ley, y que se recoja expresamente que las extinciones de concesiones se deben llevar a cabo de acuerdo con las condiciones acordadas en su día en los pliegos.
No se puede «perder la memoria»
Según Leticia Díaz, «la Administración no puede perder la memoria, tiene que saber lo que hizo y no puede decir que no quiere saber nada» de lo que hicieron los anteriores gestores, máxime cuando «hubo un momento» en el que incluso las administraciones «animaban a invertir en determinadas zonas».
La proposición de ley presentada por el PP, que está abierta a las aportaciones de los demás grupos en el Senado, supone según dicen una iniciativa sin «precedentes», porque hasta ahora «ningún partido» había tenido la «valentía» de plantear cambios a una ley que «nadie quiere tocar» amparados en la base de la protección.
Sin embargo, después de 30 años de vigencia se ha visto, según la senadora cántabra, que la ley «no ha llegado a su finalidad» y los «problemas continúan» sin que «nadie» aporte una solución «al menos, de debate».
De hecho, creen que las modificaciones que plantean algunos grupos en el Congreso a través de la Ley de Medio Marino lo que harán es generar «mayor inseguridad», porque habría dos leyes «que chocarían entre sí», tal como ha señalado Diego.
En palabras del líder del PP cántabro, lo que propone el Partido Popular es una iniciativa «de mínimos» en la que se refrenda la voluntad de protección que preside la Ley de Costas, pero se lamenta su «carácter confiscatorio», en la medida en que el Estado, con la redacción actual de la Ley, puede «echar» a una empresa de un terreno en concesión, «sin ningún tipo de contraprestación».
Tras garantizar que «ningún especulador» va a «encontrar salida a sus intereses» a través de esta iniciativa, Diego invitó a sumarse a la iniciativa ‘popular’ y a realizar aportaciones a los demás grupos, y también al Gobierno de Cantabria —que hasta ahora se ha «lavado las manos»—, al PSOE, al PRC y al delegado del Gobierno en la región, Agustín Ibáñez.
Empresas y empleos «amenazados»
El presidente de los ‘populares’ cántabros ha subrayado la importancia de esta iniciativa, ya que la aplicación «rigurosa» de la Ley de Costas en la región «se llevaría por delante el tejido empresarial y miles de trabajos» que están «amenazados» por esa norma, así como explotaciones ganaderas y otras concesiones administrativas.
Diego ha puesto el ejemplo del Polígono de Raos, cuyos empresarios, según dice, han recibido este martes la notificación de que están todos afectados por el deslinde de Camargo. Y también ha aludido a la zona de Torrelavega, Miengo y Requejada
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El PP propone mantener las concesiones hasta crear instrumento de valoración
Santander, 13 jul (EFE).- El PP ha presentado en el Senado una propuesta «de mínimos» para modificar la Ley de Costas de 1988 de modo que se mantenga la situación jurídica de todas las concesiones anteriores a su aprobación hasta que se arbitre un instrumento de planeamiento urbanístico que determine qué usos son compatibles con la preservación ambiental y se establezca una valoración.
Así lo han explicado hoy en rueda de prensa el presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, y la senadora popular por la comunidad autónoma, Leticia Díaz, que han destacado que esta iniciativa no tiene precedentes, porque su partido ha sido el único que ha tenido «la valentía» de «abrir el melón» de la Ley de Costas.
Díaz, que ha redactado el texto de la proposición de modificación de la Ley de Costas, ha señalado que hasta ahora «nadie ha querido tocar» esta norma, pero ha aseverado que el PP está «abierto al diálogo» sobre su propuesta para buscar «puntos de encuentro».
La senadora del PP ha dicho que la proposición pide que se modifiquen las Disposiciones Transitorias Segunda y Sexta, y las Derogatoria y Final, con el fin de «acabar con dos efectos perversos» de la Ley de Costas y su reglamento: su aplicación retroactiva a concesiones anteriores a 1988 y su «naturaleza confiscatoria», que permite expulsar de la zona de deslinde a empresas sin ningún tipo de contraprestación.
El grupo del PP en el Senado plantea la creación de un instrumento de planeamiento urbanístico «de detalle» que estudie «costa a costa» qué usos son compatibles con la preservación de los valores ambientales y cuáles no lo son, aplicando en este caso un proceso de valoración e indemnización.
La senadora Leticia Díaz ha apuntado que la modificación del PP pide que la extinción de las concesiones se produzca de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones que en su día se pactaron con la Administración.
Esta representante del PP ha aseverado que esos pliegos de condiciones «son las reglas del juego» y ha advertido de que la Administración «no puede perder la memoria», porque «hubo un momento en que animó a invertir en determinadas zonas».
«No se puede olvidar el pasado y dejar un futuro incierto a miles de trabajadores», ha remarcado la senadora, que ha abogado por que se concilien los intereses públicos y privados «con todas las garantías procesales».
Ha añadido que la exposición de motivos de la proposición del PP alude a que el Parlamento europeo aprobó en marzo de 2009 el denominado «informe Auken», que insta al Gobierno de España a actuar para evitar que se vulneren los derechos «adquiridos de buena fe y de forma legítima».
Díaz ha remarcado además que la propuesta del grupo del PP en el Senado no pretende «dar la vuelta» al «espíritu» de la Ley de Costas en lo que se refiere a la preservación de la franja costera.
El líder popular en Cantabria, Ignacio Diego, ha dicho que en toda la región son cientos las empresas afectadas, con miles de puestos de trabajo, y «ya están sufriendo las consecuencias».
Diego ha resaltado que esta iniciativa del grupo del PP tendrá «una enorme trascendencia» para el empleo de la región, por el impacto de la norma en las numerosas empresas afectadas: en el Polígono de Raos, Astillero, Camargo, Colindres, Polanco, Miengo o Santoña, entre otros puntos.
El presidente del PP ha advertido, no obstante, de que la propuesta de modificación de la Ley de Costas no supondrá «una salida a los intereses de los especuladores».
Diego ha añadido que el PP dará «la oportunidad» al Gobierno de PRC y PSOE y a estos dos partidos de que «se sumen» a esta iniciativa, que, según ha recalcado, es «de mínimos». EFE-Cantabria
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