El Gobierno salva mil viviendas en primera línea de la Albufereta y Santa Pola por un precio simbólico
El Gobierno salva mil viviendas en primera línea de la Albufereta y Santa Pola por un precio simbólico
La nueva Ley de Costas desafecta el suelo y los inmuebles, que pasan a ser patrimonio del Estado
F. J. BENITO El consejo de ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Costas que sustituye al texto de 1988 y que, entre sus principales novedades, contempla la legalización de mil viviendas pendientes de deslinde en la Albufereta y Santa Pola y, por tanto, hasta ahora amenazadas de demolición. El Gobierno las incluirá como nucleo urbano consolidado junto a otras nueve zonas afectadas en España pero no será gratis.
El Ejecutivo no ha resuelto todavía cómo legalizará la propiedad de los inmuebles porque, al ser desafectados del dominio marítimo-terrestre, pasarán a ser patrimonio del Estado, pese a que todas las viviendas tienen su dueño y están escrituradas. Fuentes de la plataforma de afectados apuntaron que el Gobierno baraja la posibilidad de cobrar un precio simbólico para terminar de corregir una situación que mantiene en vilo a miles de propietarios en la provincia y el resto de la Comunidad Valenciana. Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, la modificación de la ley beneficiará la situación de unas diez mil viviendas y 3.000 chiringuitos que ocupan la primera línea del mar en España.
En el caso del resto de las casas afectadas por deslindes en Arenales del Sol y Pinet (Elche); Guardamar, Dénia, Xàbia, y la vecina Oliva (Valencia) el proyecto señala que habrá una ampliación de las concesiones hasta un máximo de 75 años aunque, a partir de la entrada en vigor de la nueva legislación, los propietarios podrán vender sus casas y realizar reparaciones, algo que tenían vetado.
Estos propietarios no están satisfechos, como recordó ayer Alfredo Masó, portavoz de los afectados en Arenales del Sol (Elche), con 800 inmuebles en situación irregular según Costas. «Este proyecto es decepcionante y no resuelve nada. La inseguridad jurídica que encierra ese tremenda. Quién me dice a mí si acepto la concesión, que no me la rescatarán al día siguiente con cualquier pretexto. ¿Por qué tenemos que pagar por una propiedad legal y registrada? No me haga usted leyes para regular algo que es legal», criticó Alfredo Masó.
Carmen del Amo, propietaria de una vivienda en la Albufereta (Rocafel), y presidenta de la Asociación Europea de Afectados, mostró ayer su escepticismo ante el acuerdo del consejo. «Este Gobierno lo único que hace es aplicar el rodillo de su mayoría absoluta, y así no vamos a ninguna parte. Hemos hablado con Costas y ni ellos mismos han sabido darnos una explicación de lo que significa que los terrenos desafectados pasen ser de patrimonio». Del Amo denunció también «la arbitrariedad y la legalidad del proyecto, que vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución. Por qué unas viviendas se desafectan y otras siguen en concesión. Es ilegal y como lo es también que no nos hayan contestado las alegaciones», subrayó Del Amo.
Las 800 viviendas que estaban afectadas en la Albufereta (edificios Helios, Rocafel y Torre Alacant) se construyeron según la legislación de 1969. Sufrieron dos deslindes -1994 y 2004- que fueron recurridos y tumbados por la Audiencia Nacional. En la actualidad, seguían amenazadas pero en los últimos años y, sobre todo, tras la aprobación en febrero del Senado de una resolución instando al Gobierno a modificar la ley respetando los derechos de los propietarios, la presión se había relajado. Sus titulares pagan regularmente todas la tasas municipales, pero se encontraban envueltos en una maraña administrativa que les impedía desde vender sus casas a realizar cualquier tipo de reparación.
El Gobierno pretende acabar, según apuntó el ministro Arias Cañete, «con la ambigüedad existente desde hace décadas», que ha permitido la proliferación de diversas ocupaciones irregulares. Además, el Ejecutivo considera que la ley generará confianza a las cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales en España, muchas de ellas generadoras «de empleo».
Más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000, chiringuitos y restaurantes.
