LA LEY DE COSTAS PUEDE APROBARSE EL DÍA 23

LA LEY DE COSTAS PUEDE APROBARSE EL DÍA 23
El PP quiere permitir obras de defensa privadas ante invasiones del mar
MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) ‐
El Partido Popular ha propuesto que los propietarios en el litoral puedan
construir obras de defensa para paliar las posibles invasiones del mar, según
recogen las enmiendas al texto de la reforma de la Ley de Costas remitido por el
Congreso al Senado.
Así, en las enmiendas del PP, se propone que los propietarios de los terrenos
amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas
naturales o artificiales, incluidos los efecto del cambio climático, ʺpodrán
construir obras de defensa, previa autorización o concesiónʺ, siempre que no
perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo terrestre, ni menoscaben las
limitaciones y servidumbres legales correspondientes.
Ponentes de varios grupos parlamentarios en la cámara alta han señalado a
Europa Press que la Ley de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se debatirá en la
comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático la próxima semana y,
probablemente, se votará en el Pleno del Senado del 23 de abril.
Además, una de las enmiendas del PP los terrenos invadidos pasarán a formar
parte del dominio público marítimo‐terrestre, según resulte del correspondiente
deslinde y que en los terrenos declarados ʺen regresiónʺ no podrá otorgarse
ʺningún nuevo título de ocupación en el dominio público marítimo‐terrestreʺ,
por lo que se abre la puerta a concesión de nuevos títulos en otros terrenos no
afectados por la regresión.
Otra de las enmienda del PP, ‐‐con mayoría en el Senado, por lo que
previsiblemente serán aprobadas‐‐ pretende que los propietarios que estén
tengan procedimientos de resolución pendientes antes de que la nueva ley entre
en vigor, puedan conservar sus concesiones si la edificación cuenta con acceso
rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro
de energía eléctrica, o bien que estuvieran comprendidos en ʺáreas consolidadas
por la edificaciónʺ en al menos un tercio de su superficie.
Al mismo tiempo, haría posible que las administraciones urbanísticas que ya
tengan delimitado o clasificado ʺcomo suelo urbanoʺ núcleos o áreas en dichas
zonas podrán solicitar la compatibilidad de tales núcleos o áreas con la
integridad y defensa del dominio público marítimo‐terrestre. El Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá 18 meses para contestar a
esta solicitud y, si en ese plazo no lo hace, se entenderá que es favorable.
Esto significa que sí se podría construir en esas zonas y es lo que ha motivado
algunas de las críticas por parte de otros grupos parlamentarios, como PSOE o
el grupo Mixto, que entienden que de esta manera se abre la puerta a
ʺenladrillar prácticamente todo el litoralʺ.
Por otro lado, el PP quiere incorporar una disposición adicional séptima por la
que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá dos
años para elaborar la estrategia de adaptación de la costa española a los efectos
del cambio climático en la que se indicarán los distintos grados de
vulnerabilidad y riesgo del litoral y que propondrá medidas.
La reforma contemplaría también, si se aprueba otra de las enmiendas del PP en
el Senado, la posibilidad de permitir usos comerciales y de restauración en
puertos, siempre que no se perjudique el dominio público marítimo terrestre, ni
la actividad portuaria.
Para el senador del grupo socialista y ponente en la reforma de esta Ley, Miguel
Fidalgo, la crítica principal es que con este proyecto se da ʺun golpe al principio
constitucional de que la costa es un bien público que debe quedar protegidoʺ.
CONTRARREFORMA QUE PRIMA LA ILEGALIDAD
A su juicio con esta ʺnueva contrarreformaʺ el PP pone la costa al servicio de los
intereses particulares, de empresas para promover la edificación en todo el
litoral, al reducir el dominio público de una franja de 100 metros desde la línea
de costa a 20 metros.
ʺQuiere enladrillar la costa y regalar el litoral, con la extensión de las
concesiones, al tiempo que agrupa y reduce el dominio público de 100 a 20
metros. Se está primando la ilegalidadʺ, ha criticado.
Para el PSOE, lo que se debería cambiar respecto de la Ley de 1988 (en vigor) es
la forma de ejecutar los núcleos de población que entonces quedaron fuera del
dominio público porque no recogen todos los núcleos históricos que existían.
Además, ha dicho que no admite que las concesiones se amplíen hasta 75 años
ni que se contemplen las transiciones de compra‐venta, sobre las que considera
que el Estado debería tener el control.
Al mismo tiempo, ha añadido que el PSOE va a combatir por que se incluya en
el dominio público las salinas y otros terrenos inundados que la reforma dejaría
fuera y que las industrias en el litoral, como por ejemplo las papeleras de Ence
en Galicia no puedan operar más allá de 2018, si bien, ʺunos pocos años másʺ.
Asimismo, Fidalgo estima que la enmienda de las urbanizaciones marinas es
ʺuna concesión a CiUʺ porque no se entiende que se puedan legalizar estas
obras. ʺNo se puede poner la legislación general al servicio de intereses
privados determinadosʺ, ha apostillado.
El senador ha añadido que los socialistas lucharán por que no se reviertan los
deslindes ejecutados porque no se puede obviar el trabajo durante décadas de
funcionarios y de sentencias favorables al Estado en un 95 por ciento, ya que, de
aprobarse se abriría la puerta a revisar las expropiaciones.
Por su parte, el senador del grupo mixto, Jesús Enrique Iglesias, a criticado que
el Gobierno busca la coartada de la Unión Europea por el perjuicio a los
ciudadanos de otros estados que adquirieron viviendas en la costa y que ahora
pueden perderlas. ʺSon casos puntuales que no justifican esta normaʺ, ha dicho
en declaraciones a Europa Press.
CULPA DE AZNAR
En su opinión, el PP tiene una ʺresponsabilidad moral y legislativaʺ porque fue
la reforma de la Ley del Suelo del ex presidente José María Aznar la que
impulsó la filosofía de que todo el suelo era urbanizable y la que alentó a
algunos ayuntamientos a hacer la vista gorda con la Ley de Costas. ʺEsto derivó
en el hormigonado de la costa, sobre todo del Mediterráneo y parte de la
Cantábricaʺ, ha afirmado.
De hecho, considera que la reforma de la ley de costas lo que busca es legalizar
esas construcciones ilegales y rebajar el listón de protección del litoral. ʺEsto es
una auténtica burla legal y con esa reducción de 100 a 20 metros del dominio
público se alienta que se siga construyendo aún másʺ, ha asegurado. Por ello,
espera que sean las normas autonómicas las que aspiren a mantener la
protección, ampliando ese margen. ʺLa ley de costas supone la renuncia del
Estado a proteger la costa y delega en ayuntamientos y comunidades
autónomas la regulaciónʺ, ha lamentado.
Por último, ha denunciado que la voluntad del gobierno es ʺpermitir nuevas
aberracionesʺ y ha criticado que la exposición de motivos de la reforma es
contraria al articulado. ʺEste gobierno cree que no hay que proteger la costa y,
por eso, está dispuesto a enladrillar, con una ley chicle que estira los límitesʺ, ha
agregado.
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