El enésimo golpe al litoral

El enésimo golpe al litoral
La nueva norma del litoral había sido vetada por cinco grupos
Desde las 16.00, los senadores están debatiendo las enmiendas
Juana Viúdez Madrid24 ABR 2013 ‐ 17:12 CET4
Sin apenas cambios, y no porfalta de debate, el PP aprobó ayer en el Senado su
nueva Ley de Costas, polémica porque saca del dominio público unas 10.000
viviendas y da hasta 75 años más de vida a construcciones que debían
comenzar a ser demolidas a partir de 2018. La mayoría absoluta de los
populares les permitió rechazar los cinco vetos de diferentes partidos que
proponían devolver la norma al Congreso y comenzar de nuevo. Todas las
formaciones argumentaban que incrementa la inseguridad jurídica, privatiza el
litoral o que contradice directivas europeas e informes del propio Gobierno,
entre otros asuntos.
Los senadores populares defienden la necesidad de modificarla Ley vigente, de
1988, para evitar nuevos algarrobicos —en referencia al mastodóntico hotel de
Carboneras (Almería) levantado en dominio público— e insisten en el poder de
revitalización económica de la nueva norma. Estos son los puntos más
conflictivos de la nueva ley, que ahora debe ser ratificada en el Congreso, y las
razones que el PP esgrimió en el Senado para aprobarla:
» Concesiones de hasta 75 años. En nombre de la seguridad jurídica de los
compradores, muchos de ellos extranjeros, se amplía el sistema de concesiones
para viviendas levantadas en dominio público y que deberían comenzar a
demoler en 2018. Medio Ambiente estima que serían unas 2.000 sólo en ese año.
“Estamos ciegos si no vemos que la costa es motor de inversión. Necesitamos la
costa, necesitamos actividades económicas en la costa para generar empleo y
riqueza”, argumentó el senador Enrique López Veiga (PP).
» Devolución del dominio público en dos años. Los propietarios de viviendas
que pasaron a formar parte del dominio público con la Ley de Costas de 1988
pueden recuperarlas si acreditan que las tenían inscritas en el Registro de la
Propiedad. Una de las pocas concesiones que ha hecho el PP en el Senado
garantiza que los propietarios recuperarán la titularidad en dos años.
» 12 núcleos amnistiados. Un listado de construcciones que invaden el dominio
público quedarán legalizadas, sin que el Gobierno haya expuesto, hasta el
momento, los motivos para seleccionarlas. “Se quiere reconocerlo que la ley de
1988 no supo hacer porque entonces no tenían servicios”, explicó López Veiga.Se trata de Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de
Empuriabrava (Girona), Platja dʹAro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva),
el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo o El
Palo (Málaga) y Oliva (Valencia).
En el Senado se han añadido a este grupo Xilxes (Castellón) y Moaña
(Pontevedra). Representantes de ambos municipios acudieron al pleno de ayer
para presenciar la votación. “Si no se hubiera legalizado Moaña habría que
arrasar todo el núcleo urbano”, explicó López Veiga, que les envió un saludo
durante su turno de palabra.
» Chiringuitos. Los negocios playeros obtendrán concesiones de cuatro años, en
vez de anuales, como ocurría hasta ahora. El senador Antonio Sanz, ponente en
nombre del PP, se felicitó por haber conseguido “blindar legalmente” la
actividad de los chiringuitos. “Solo en miregión, Andalucía, eso significa 40.000
empleos en juego”, subrayó.
» Menos zona de servidumbre. Uno de los últimos cambios aprobados en el
Senado reduce en la práctica la zona de litoral protegida de 100 a 20 metros. Las
viviendas que se sitúan en esos 80 metros pasarán de estar sometidas a
controles muy estrictos para hacer obras, a tener todos los parabienes para
realizar esos trabajos siempre que se cumpla la normativa de Ayuntamientos y
comunidades. El PP insistió ayer en que “no se podrá aumentar edificabilidad”.
Los expertos creen que será muy difícil controlar la actividad y que contribuirá
a cementarla escasa franja que queda libre en la costa.
» Cláusula ‘antialgarrobicos’. Permite al delegado del Gobierno paralizar un
plan municipal si afecta a la servidumbre de protección, en la que son
competentes las comunidades autónomas. La oposición subraya que se invaden
competencias delegadas en comunidades como Cataluña o Andalucía.
» Defensa del cambio climático. La Ley permite que las construcciones que
invaden dominio público se mantengan, siempre que el mar no les alcance o
haya riesgo de que lo haga. Si se considera que esa zona está en “riesgo de
regresión grave”, algo que debe de declarar una orden ministerial, el Estado
puede asumir parte de las obras de defensa para protegerlas.
» Fiestas en la playa. Se abre la posibilidad de celebrar eventos en playas
urbanas en función de su “interés turístico”, algo cuestionado porque pueden
dañarlas condiciones de la arena.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/24/actualidad/1366815941_736580.h
tml