El Senado tramita un cambio en la Ley de Costas para salvar 1.500 casas amenazadas de derribo

La propuesta ha de superar la votación en el Congreso de los Diputados donde no hay seguridad sobre su aprobación definitiva

F. J. BENITO
La aprobación por el Senado de la reforma de la Ley de Costas, dando luz verde a dos proposiciones de ley del PP y CiU -socia del Gobierno en el Congreso de los Diputados-, ha dado esta semana un giro copernicano a la problemática que envuelve a las alrededor de 1.500 viviendas que ocupan suelo de dominio público-marítimo en la provincia, amenazadas de derribo en aplicación de la legislación aprobada en 1988.
La reforma excluye de la aplicación de la ley a los núcleos costeros dotados de singularidad propia, lo que abre la puerta a la legalización de las 1.500 casas construidas en la Albufereta, Arenales del Sol (Elche), Santa Pola, y Dénia, cuyos propietarios llevan años peleando por consolidar sus propiedades, todas anteriores y con permisos legales anteriores a la aprobación de la Ley en 1988.
La reforma tendrá ahora que recibir todavía el beneplácito del Congreso, cuyo periodo de sesiones finalizará en diciembre, pero en opinión de José Ortega, portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley Costas, «estamos ante una tendencia imparable», que debe acabar en la legalización de las viviendas. No obstante, el propio Ortega apuntó que el proceso será largo porque debe definirse qué es un núcleo costero consolidado
El Senado aprobó el miércoles dos reformas de la Ley de Costas. Una referida a la disposición transitoria segunda, para permitir que continúen más allá de 2018 las explotaciones sobre marismas desecadas, y la otra para excluir de la aplicación de la ley las ciudades navegables y también los núcleos costeros dotados de singularidad propia, como es el caso, según la plataforma de las núcleos urbanos de la Albufereta, Santa Pola, Arenales del Sol y Dénia.
La reforma es la consecuencia de las acciones de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que no sólo contribuyó a la redacción del texto aprobado el miércoles a requerimiento del PP y CiU, sino que fue pionera en la concentración del descontento popular desde su fundación en enero de 2008. Las denuncias llegaron hasta Bruselas y el 26 de marzo de 2009, el Parlamento Europeo rechazó en sesión plenaria la aplicación retroactiva de la Ley de Costas en España.
«Consideramos que éste es el primer paso para la normalización de un problema traumático e injusto y para una solución definitiva que permita combinar la imprescindible protección de costas y playas con el respeto a los derechos de los ciudadanos válidamente adquiridos». subrayó ayer José Ortega.
La disposición transitoria incluida en la Ley de Costas y aprobada ahora por el Senado, señala que «los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de cláusula concesional establecida con anterioridad a la promulgación de esta Ley, serán mantenidos en tal situación jurídica, conservando sus condiciones y naturaleza temporal, hasta tanto se apruebe y ejecute un instrumento de planificación específico para dichos terrenos, que venga a ratificar el mantenimiento de la ocupación o a determinar motivadamente la extinción del derecho, previa valoración de la concesión a efectos indemnizatorios».
Los terrenos ganados al mar y los desecados en su ribera sin título administrativo suficiente continúan siendo de dominio público, según reza la disposición.

Amenaza de demolición
El 65% de las viviendas amenazadas de derribo en España por los deslindes realizados por la Dirección General de Costas para aplicar la ley aprobada en 1988 se encuentran distribuidas a lo largo de la franja litoral de la provincia, según costa en el informe que la plataforma de afectados remitió a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
En total, en España existen unas dos mil casas construidas, según el Ministerio de Medio Ambiente, invadiendo el dominio público marítimo-terrestre -entre veinte y cien metros de protección, según los casos-, de las que unas 1.300 están en la provincia y el resto repartidas por Canarias, Asturias, Galicia, Valencia y Castellón.
La amenaza de demolición afecta a unas cinco mil personas en toda España por lo que la plataforma reclamó sin éxito en repetidas ocasiones al Gobierno, en nombre de los afectados, que dejara sin efecto el carácter retroactivo de la ley o aprobara la desafección de los terrenos donde se ubican las viviendas. Los propietarios tienen sus casas en zonas donde la aplicación de la Ley de Costas obligaría a su derribo residen en la Albufereta -edificios Helios, Rocafel y Torre Alacant-, Arenales del Sol, Dénia y Santa Pola.

La excepción de los chiringuitos
El hecho de que la gran mayoría de las edificaciones en primera línea del mar estén muy consolidadas en algunos casos constituyan zonas residenciales donde viven centenares de personas, ha hecho que la aplicación de la Ley de Costas sea complicada en la provincia. Salvo el caso del edificio Ánfora en Finestrat -comprado previamente- y algunos chalets en Guardamar, es difícil encontrar ejemplos de aplicación. Incluso, los siete chiringuitos del paseo de la Playa de San Juan cuya concesión expiró en el año 2000, continuaron funcionando hasta culminar unas negociaciones con Costas que les ha permitido continuar hasta el año 2025, a condición de construir locales nuevos. La modificación aprobada esta semana en el Senado abre ahora nuevas opciones. F. J. B.
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