Oliva continúa su lucha por mantener intacta la línea marítima

Oliva continúa su lucha por mantener intacta la línea marítima
¿Estarían dispuestos a ceder sus propiedades al Estado de forma gratuita? Esta es la situación a la que se enfrentan los propietarios afectados por la Ley de Costas del 98. Una norma para preservar el medio ambiente, pero que para algunos se aplica de forma injusta y poco equitativa. Oliva es uno de los municipios valencianos que más se ha resistido a este texto. El pasado jueves volvió a ser ejemplo de esto al aprobar una moción de no conformidad con la última propuesta de Demarcación de Costas y al ser los propulsores de la moción aprobada por las Cortes para que la Generalitat cree una comisión mixta a la que se le traspasen todas o parte de las competencias al respecto. Reserva del espacio natural y los derechos de los propietarios de viviendas y terrenos del siglo pasado, siguen en conflicto una década después del nacimiento la ley.

Desde que se aprobara la ley de Costas en 1998, los propietarios de los terrenos de la línea marítima de Oliva han luchado para que se mantenga intacta. O al menos, que conserve la misma fisonomía que presenta desde 1947.
A lo largo de estos años, los propietarios, en solitario o unidos, han conseguido desbancar todas las propuestas de Demarcación de Costas, como la de 1994 o la de 1999. Esta maraña judicial provocó que el pasado mes de septiembre Medio Ambiente abriera un nuevo expediente para alrededor de 4.300 metros de la playa. Y ahora, vecinos y Consistorio vuelven a reiniciar el proceso para que se mantenga el aspecto que presenta la playa desde hace más de 70 años. El pasado jueves, la corporación municipal de Oliva aprobó presentar una alegación contra la nueva propuesta y casi al mismo tiempo, las Cortes Valencianas aprobaban, por unanimidad, una moción promovida por el Bloc de la localidad, para que la Generalitat cree una comisión para solicitar que asuma todas o parte de las competencia y pueda ser ella la que aplique la normativa.

Un conflicto de más de 10 años
La Ley de Costas de 1998 establece que son bienes de dominio público “la zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas”, así como “los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras, y los desecados en su ribera”.
Esta ley regula una zona de servidumbre de 100 metros desde el límite interior de la ribera, en la que se puede cultivar pero no construir residencias y una zona de influencia de 500 metros a la que deberá someterse la ordenación territorial y urbanística.
Con esta normativa, la playa de Oliva, como tantas otras del litoral, se ve obligada a modificar su apariencia, ya que las viviendas allí construidas, durante el siglo pasado, no cumplen con estas distancias. El problema es que los propietarios han de ceder sus viviendas o terrenos de forma gratuita.

Alegaciones a la propuesta de Demarcación
El pasado 27 de noviembre, la corporación municipal de Oliva volvió a aprobar, por unanimidad, una moción de rechazo a la nueva propuesta de Demarcación. Este nuevo trazado afecta de especial manera a los propietarios de los sectores 5 y 18 de la playa, entre otros.

De aplicarse, el sector 5 vería adentrarse su línea de delimitación, en concepto de servidumbre, hasta 25 metros. El concepto de servidumbre hace que se respeten las obras hasta el momento construidas pero impide nuevas construcciones. “El problema aquí es que con esta nueva delimitación se crea un agravio comparativo entre los propietarios que ya han construido, respecto a aquellos que no lo han hecho y que ya no lo podrán hacer”, asegura la concejala de Urbanisme de Oliva, Amparo Tercero.

Del mismo modo, en el sector 18, no urbanizado, se establece una nueva línea de protección de entre 20 y 60 metros más hacia el interior.

Otra de las zonas afectadas es la avenida de Montanyals que ve retroceder su línea en 1 metro lo que afecta a varias construcciones y propietarios.

La intención del consistorio es que se “mantenga la línea establecida en el 47”, comentaba Tercero a Safor Guia.

Las Cortes aprueba la moción de Oliva
Pero mientras esta alegación comienza su camino hacia el Ministerio de Medio Ambiente, Oliva ha alcanzado un nueva meta.
En septiembre Demarcación propuso una nueva delimitación para otros 3.200 m del litoral de Oliva. Concretamente los que transcurren entre la Séquia Mare y la Séquia del Vedat que afecta alrededor de 260 vecinos, que unidos alegaron bajo la tutela del abogado José Ortega, han presentado ya varias alegaciones.
Esta situación provocó de nuevo la reacción de la corporación municipal, que aprobó la moción del Bloc de solicitar que fuera la Generalitat la que marque las zonas de delimitación de la costa. Este texto, convertido ahora en una adhesión no de ley se discutió también el jueves en las Cortes Valencianas. El portavoz del Bloc, Enric Morera, fue el encargado de presentar la moción que fue ratificada por unanimidad por el organismo autonómico. “Con esta propuesta hemos pedido que la competencia de gestión y delimitación de las costas pase del Estado a la Generalitat porque es más cercana y además, es acorde a nuestra política, con la que queremos conseguir más competencias para el gobierno autonómico”, explicó el concejal del Bloc en Oliva, David González. Ahora es la Generalitat la que deberá luchar para que este traspaso de competencias sea efectivo.

Pierden su propiedad sin compensación
Pero los más afectados por esta normativa, vuelven a ser los propietarios que no entienden por qué “una propiedad que era ya de mi tatarabuelo ha de pasar a ser de todos los españoles sin recibir nada a cambio”, como comenta a Safor Guia Vicent Barrenes, uno de los propietarios.
Según este propietario, esta ley afecta de diferente modo a los vecinos: “Algunos pierden la propiedad gratuitamente, otros pierden derechos. Sus viviendas quedan fuera de ordenación y quedan en situación de riesgo de ser derruidas. Esto es muy grave e injusto porque tu propiedad privada pasa a ser pública sin recibir nada a cambio”. Otra de las quejas de los propietarios es que la norma no se aplica de forma equitativa en todo el territorio.

A la espera de respuestas a sus alegaciones a la nueva propuesta, que ven como «la misma del 94 pero todavía peor hecha y más dañina», Barrenes asegura: “no vamos a parar. Hoy nos toca a nosotros, y mañana, otra ley absurda y mal aplicada puede tocarle a otros. Queremos que se aplique igual en todo el litoral y no sea de forma gratuita para los propietarios”
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