SAFOR: Generalitat y Estado se enfrentan por el trasvase de arena en la Safor

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SAFOR:
Generalitat y Estado se enfrentan por el trasvase de arena en la Safor
El sector turístico afronta el inicio de la temporada estival pendiente de su futuro. La regresión de las playas, la viabilidad de los trasvases de arena, el retranqueo de la línea marítimo-terrestre y el posible desalojo de los chiringuitos son las cuestiones que mantienen en vilo a los municipios costeros de la Safor, a pocas semanas de que dé comienzo de forma oficial el verano de 2009. La reciente decisión de la Conselleria de paralizar la extracción de áridos en la playa de Gandia ha enfrentado a gobierno autonómico y Estado por las competencias en la materia. Mientras, los municipios costeros del sur de la Safor sufren las consecuencias de la regresión y exigen que se regeneren sus playas, al depender su economía de la actividad turística.
Garantizar la sostenibilidad medioambiental de las playas está chocando frontalmente con la actividad turística. Las poblaciones costeras de la Safor se mantienen alerta ante las recientes modificaciones de la Ley de Costas, que podrían tener como consecuencia desde el derribo de viviendas de primera línea hasta el posible desalojo de chiringuitos. Problemas que se suman al que año tras año trae de cabeza a las playas de la Safor, la falta de arena a consecuencia de la regresión, y que en esta ocasión se ha visto acrecentado por el enfrentamiento entre administraciones.
A apenas un mes de la llegada del verano, y cuando sólo quedaban quince días para que finalizara la actuación, la Conselleria de Territori dio la orden de paralizar el trasvase de arena desde la playa de Gandia hacia las playas del sur de la Safor, Tavernes y Cullera. Unos trabajos que supondrían el traslado de 200.000 metros cúbicos de arena para regenerar las playas que cada año sufren las embestidas de las olas y ven mermada de forma más que considerable su zona de baño.
El gobierno valenciano ha justificado su decisión en el informe elaborado por la Policía Autonómica a raíz de la investigación, demandada por el Partido Popular de Gandia, que determinaba que las extracciones de áridos están afectando a las dunas de la playa de l’Ahuir, un área protegida calificada como Zona LIC, Lugar de Interés Comunitario. La Conselleria de Territori, además, ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa responsable de los trabajos, contratada por el Ministerio de Medio Ambiente, por invadir dicha Zona LIC.
Al cierre de esta edición, se cumplía una semana desde que la Conselleria emitió la orden de paralización de las obras, y la empresa continuaba con los trabajos, al no haber recibido todavía la notificación oficial.
En cuanto Territorio tenga el acuse de recibo del correo certificado remitido a la empresa, la Policía Autonómica visitará el lugar para comprobar que la obra se ha detenido. De no ser así, la Conselleria podrá actuar de forma subsidiaria, precintando la zona y retirando la maquinaria.
Choque de competencias
El trasvase ha enfrentado a las administraciones autonómica y estatal, pero lo cierto es que, al fin y al cabo, quien sufre las consecuencias, tanto de la regresión como de los movimientos de áridos, son los municipios. Y estos no tienen voto a la hora de decidir qué se hace con su arena y dónde se lleva.
La población más afectada será Piles, donde todavía queda una quinta parte de la arena por reponer. Las aportaciones ya habían concluido en Bellreguard y Miramar.
Para el alcalde de Piles, Vicent Ciscar, la decisión de la Conselleria de paralizar el trasvase es un «ataque frontal» a los municipios del sur de la Safor y a su actividad turística.
Los trasvases periódicos son, según el estudio de la UPV sobre la dinámica del litoral, la única solución posible a corto plazo para paliar la regresión que sufren las playas del sur de la Safor. Y aunque ambas partes, Generalitat y Estado, puedan compartir las conclusiones del informe, el problema reside en el choque de competencias. ¿Quién tiene potestad para exigir o rechazar la necesidad de un estudio de impacto ambiental para determinar las posibles consecuencias de remover y trasladar 200.000 metros cúbicos de arena?
Y es que la polémica sobre el trasvase se remonta a octubre de 2007, cuando Conselleria exigió dicho estudio previo a la extracción y dos meses después el Ministerio inició la obra sin haberlo elaborado.
Desde entonces, el PP de Gandia, amparándose en la falta de legalidad, ha intentado en varias ocasiones paralizar los trabajos sin éxito, hasta la pasada semana. Los socialistas gandienses defendieron desde el primer momento el trasvase apelando a la solidaridad entre poblaciones. «El PP está poniendo obstáculos al crecimiento económico, que pasa por que Gandia sea solidaria para que las playas del sur tengan arena suficiente para atraer a los turistas este verano», declaró el alcalde de Gandia, José Manuel Orengo, quien acusó al PP de «perjudicar los intereses económicos y turísticos de Gandia y de toda la Safor, al intentar detener el proceso de regeneración de las playas del sur de la comarca».
Pero la falta de arena no es lo único que mantiene en vilo al sector turístico de la comarca de la Safor. La revisión de la Ley de Costas, con el retranqueo de la línea marítimo-terrestre, amenaza con poner fin a uno de los principales reclamos de las playas durante el verano: los chiringuitos.
La jefa de la Demarcación de Costas de Valencia, Lidia Pérez, anunció una nueva línea marítimo-terrestre en la zona antigua de la playa de Oliva, uno de los municipios más afectados por el deslinde. Además de las viviendas del casco urbano de esta zona de la playa olivense, algunos chiringuitos sobre la arena también peligran.
En la reunión que mantuvo con propietarios y responsables municipales, Pérez reconoció que la situación del casco antiguo es complicada y aconsejó al gobierno local la conveniencia de que el conjunto de viviendas tenga algún grado de protección.
El Ayuntamiento de Oliva no se va a quedar de brazos cruzados y asegura que emprendará las batallas legales que hagan falta para defender los derechos del Consistorio y de los propietarios privados, ante lo que consideran un deslinde «arbitrario e injusto».
El derribo de casas próximas al mar, como consecuencia de las modificaciones de la Ley de Costas, no sólo tiene consecuencias para los propietarios privados, sino también para toda la economía española, según afirman desde la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas.
Esta agrupación se opone frontalmente al desalojo de los chiringuitos y lamenta la «inseguridad jurídica» que genera la ley, al poder quitar la propiedad privada legalmente adquirida. Asimismo, la asociación denuncia la merma de puestos de trabajo que supondría acabar con los chiringuitos de playa.
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