3.000 afectados claman contra la ley de Costas que les quita sus casas

Los propietarios exigen una reforma de la norma para impedir que sea «retroactiva y que no haya arbitrariedades con los deslindes»
16.04.11 – 00:14 –
M. J. CARCHANO | ALBORAYA.
«Tengo miedo de quedarme en la calle. Vivo en una casa que ya no es mía pero sigo pagando una hipoteca. Ya no tiene valor porque no la puedo vender, pero a mí nadie me avisó». 3.000 vecinos de Elche, el Saler, Almenara, Oliva o Dénia tienen historias similares. Desde hace unos años conocen el significado de deslinde, dominio público, ribera de mar y tantos otros términos, después de que un técnico del Ministerio de Medio Ambiente decidiera, un día, que la línea que separaba la propiedad privada de la pública en las costas valencianas estuviera detrás de sus casas.
Compartir experiencias, unirse para tener más fuerza y luchar contra esta ley «arbitraria, injusta y retroactiva» es el objetivo de la jornada que se organizó ayer en el restaurante la Ferradura de Alboraya, en la playa de la Patacona, y donde 300 afectados provenientes de toda España clamaron por una reforma de la legislación después de que la lucha en los tribunales se antoje inútil. «Se han perdido todos los casos. Sólo nos queda Europa, donde el Parlamento ya nos ha dado la razón porque consideran que es la única ley que se aplica con retroactividad», explican en la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de Costas. Cuando los propietarios de las viviendas compraron sus casas, no sabían que un día dejarían de ser suyas. Costas ha decidido que las viviendas construidas anteriormente a 1988, cuando se aprueba la ley, también son susceptibles de pasar a dominio público.
Así que los miles de afectados que existen en la Comunitat Valenciana -3.000 son los que agrupa la plataforma, pero el portavoz, José Ortega, cree que llegan a los 50.000- son desposeídos de sus propiedades, que en algunos casos se trata de su primera vivienda, donde Costas les ‘deja’ vivir por un tiempo indeterminado. «No hay concesiones. Después de quitarnos las propiedades, en la mayoría de los casos llegan los derribos», explica Ortega.
La urbanización la Casbah, en el Saler, es una de las afectadas. Son 80 familias que compraron en subasta los terrenos al Ayuntamiento de Valencia en los años 60, con «escrituras y todo legal». Y en 2007 el deslinde de Costas les quita sus propiedades. «El problema es que no se regenera la playa, que está en regresión, y la naturaleza ayudará a acabar con nuestras viviendas», dice uno de los propietarios.
La única solución que les queda es intentar cambiar la ley, y por este motivo ya han contactado con partidos políticos e incluso recogen firmas para exigir en el Congreso que, al menos, se revise. Fue ayer la opinión unánime de afectados, pero también de expertos, incluido el exsubdirector general de Costas, Francisco Montoya, en los años 90, y jefe de Demarcación de Castellón hasta 2009, quien criticó que la ley impone «limitaciones al derecho de propiedad». Precisamente este punto es uno de los más polémicos, y que Europa ya ha criticado. Precisamente, durante la jornada también se proyectó un vídeo de la europarlamentaria británica Diana Wallis en el que la política inglesa denunció la «inseguridad jurídica y los abusos administrativos a los que se han visto sometidos ciudadanos europeos en España por la aplicación de esta ley».
La plataforma aprovechó ayer esta primera jornada para suscribir el Manifiesto de Valencia, donde reclaman esa reforma de la ley que «reconcilie los derechos individuales con que las playas deben ser públicas y de uso libre y gratuito para todos los ciudadanos».
El colectivo ve sin embargo «avances positivos» desde que Rosa Aguilar y Pedro Antonio Ríos accedieron al Ministerio de Medioambiente y a la Dirección General de Costas respectivamente. El abogado de la plataforma explicó que Ríos «está haciendo una gran labor y se ha mostrado interesado por resolver la situación de las miles de familias que actualmente se encuentran afectadas por esta ley».
Sin embargo, de momento los afectados por los deslindes no tienen ninguna compensación económica tras perder sus casas, y deben conformarse con que Costas les deje vivir allí un tiempo más. Por ello, los expropietarios reclaman «cambios razonables» en la ley de costas, «imprescindibles ajustes» en su reglamento y un cuerpo de funcionarios que «entiendan que están al servicio de los ciudadanos y que comprendan que en un gran número de casos el avance del dominio público constituye la expropiación de bienes legítimamente adquiridos».
La plataforma deja claro, sin embargo, que lo importante es que no prolifere la construcción en el litoral y frenar la especulación, que ha permitido urbanizaciones en segunda o tercera línea que son «auténticas barbaridades».
http://www.lasprovincias.es/v/20110416/comunitat/afectados-claman-contra-costas-20110416.html
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´En Costas peleamos contra talibanes´
La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas denuncia en Valencia la aplicación «arbitraria» de la norma
J. SIERRA VALENCIA
Como los soldados británicos en Dunkerke, los afectados por la Ley de Costas lanzaron ayer el grito desesperado de los desvalidos, con el mar al frente, cada vez más agresivo y voraz por culpa de una mala gestión del litoral, y los ejercitos de la Administración a la espalda, también hambrientos de terreno e inflexibles en su avance hacia el mar.
Cientos de personas procedentes de toda España y agrupadas en la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (Pnalc) se reunieron ayer en un salón restaurante junto a la playa de Alboraia para poner en común su experiencia de lucha contra un texto legal cuya aplicación califican de «arbitraria» y «anticonstitucional» en tanto se está administrando con carácter «retroactivo».
Uno a uno, representantes de diversos colectivos fueron exponiendo su caso y en ocasiones su drama personal. Son más de 5.000 los asociados en toda España, muchos de ellos de la Comunitat Valenciana, uno de los primeros lugares en los que comenzó la rebelión contra la ley de 1988.
El presidente de la plataforma, José Pedro Fernández, asturiano, cree que la reunión de Valencia, de la que ha salido un manifiesto único del colectivo, es solo «un paso más». Su tono no destila optimismo pese al triunfo que supuso el informe favorable del Parlamento Europeo. «Nuestro objetivo es una reforma de la ley, pero Costas nos sigue diciendo que estamos completamente equivocados, que abandonemos. Parece que peleamos contra un grupo de talibanes que no quiere moverse de sus posiciones».
Cuesta creer en una confabulación que incluya al Gobierno y también a los jueces consintiendo algo impensable en cualquier ley: la retroactividad… José Pedro Fernández recoge el guante. «Esa ha sido una baza muy empleada por el Gobierno, que niega que exista retroactividad y nos presenta como unos privilegiados, unos señoritos propietarios que nos hemos apropiado de la primera linea de playa, del dominio público, para disfrutarlo en exclusiva. Y no es así», explica el presidente.
«Para algunos, la aplicación arbitraria de la ley supone perder su única vivienda y prácticamente todo su patrimonio. Lo que hoy es legal, mañana viene alguien, traza una nueva línea sin saber muy bien con qué criterios y lo que era legal deviene ilegal. Eso es arbitrario», añadió.
Según José Pedro Fernández existe una aplicación diferente de la ley en cada comunidad, pero no es una cuestión política. «Cada demarcación de Costas, cada delegado tiene su librillo y además, como denunciamos, hay mucho margen para la discrecionalidad», declaró.
Por último, el presidente de la Pnalc se mostró escéptico sobre la posibilidad de encontrar apoyo político para modificar la ley, aunque mantienen contactos periódicos con los grupos parlamentarios. «Hablamos, nos escuchan…» Ayer, la concejal del Ayuntamiento de Valencia Lourdes Bernal pidió abiertamente cambios en la ley.
«Anormalidad institucional»
El «Manifiesto de Valencia» firmado ayer por los afectados por la Ley de Costas arranca por reconocer «la necesidad del régimen público de las playas y costas y en el libre acceso de todos a esos espacios de manera libre y gratuita». José Ortega, secretario de la plataforma y el abogado que ha protagonizado algunos de los éxitos legales de los afectados no cree, sin embargo, que la solución al problema llegue por un sentencia, sino en una modificación de la ley y que luego se aplique «a todos por igual». «Cuando el Gobierno está ganando el 99% de los casos en la Audiencia Nacional no es que esté haciendo bien las cosas, sino un signo de anormalidad institucional de la democracia en un país como España donde hay división de poderes», declaró.

j. S. valencia

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/04/16/costas-peleamos-talibanes/799496.html