Diputación incrementa su presión para proteger las casas del litoral
Diputación incrementa su presión para proteger las casas del litoral
Moliner estima que la provincia requiere planes específicos en sus distintos tramos. La UE confirma su apoyo y mediará ante el Gobierno para que cambie la ley costera
A. ARTERO 04/12/2011
Uno de los empeños del presidente de la Diputación, Javier Moliner, en este inicio de legislatura es convencer al Ejecutivo español de la necesidad de proteger la costa castellonense. El trabajo del equipo de gobierno de la institución provincial para evitar los derribos de viviendas en el litoral está empezando a obtener respuestas, ya que la sensibilidad en este asunto ha llegado al Parlamento Europeo, y la presidenta de la Comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni, ya ha informado de que mediará con el Ejecutivo central para que modifique la ley de Costas de 1988.
Moliner, sabedor de que la UE no tiene competencias en la legislación nacional de costas, ha centrado sus esfuerzos en conseguir el apoyo de Bruselas para forzar al Estado a que reflexione “con tal de que revise la ley y detenga esta arbitraria y discriminatoria normativa, principalmente porque afecta a uno de los principios de la Unión Europea, como es el respeto a los derechos fundamentales que, desde mi punto de vista, están siendo violados”.
VIAJE A BRUSELAS // Hace tan solo unos días, los diputados Vicent Sales y Mario García viajaron a Bruselas para exigir la protección de la costa, un trámite con el que culmina un intenso trabajo desarrollado conjuntamente desde la Diputación con la activa plataforma en la que están integradas las asociaciones de vecinos de los municipios afectados por la ley de costas. De este modo se quiso refrendar una petición que apela a la carta de derechos fundamentales de la UE, por la que se garantiza la protección de la vida privada y familiar, incluido el domicilio privado, destacando que no podrá haber injerencia pública en el ejercicio de este derecho.
Concretamente, el equipo de gobierno en el Palacio de las Aulas quiere que el Gobierno de España realice una profunda revisión y modificación de la normativa y que las autoridades españolas velen para que ningún acto administrativo que obligue a ceder una propiedad privada adquirida legítimamente, encuentre su fundamento jurídico en una normativa que fue justamente aprobada después de la fecha de construcción de la vivienda.
PETICIÓN // Moliner también estima necesario que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marítimo elabore planes específicos que estudien los distintos tramos del litoral buscando soluciones específicas, al tiempo que se concretan ante el propio Parlamento Europeo las medidas para intentar solucionar la problemática de la costa castellonense.
El presidente provincial ha expuesto en más de una ocasión la urgencia de defender las 600 viviendas que fueron construidas antes de 1988, cuando se dio visto bueno a la ley. “Estas casas se ven amenazadas cada día con la aplicación de la normativa por parte del Gobierno en funciones, quien no preserva, no protege ni tampoco restaura el litoral castellonense, y eso que sí que está obligado a ello. No se entiende que sus esfuerzos se centren en perseguir y demoler cientos de casas, dejando sin hogar a aquellas familias que han nacido y han crecido allí”. H
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