VEINTICUATRO AÑOS DE LEY DE COSTAS
VEINTICUATRO AÑOS DE LEY DE COSTAS
by José Ortega
La ley de costas, que nació con el digno propósito de rescatar el litoral de una muerte segura, supuso sin embargo un despropósito histórico y abrió el paso a un peculiar periodo de arbitrariedad. Mucho se puede hablar de su aplicación retroactiva o del carácter caprichoso de los deslindes, pero quizá la almendra del tema sea el desafortunado tratamiento del hecho expropiatorio. Por primera vez desde la primera ley de puertos de 1880, el Estado se atrevía a dar el paso de asignar, sin la previa declaración del juez de primera instancia, eficacia civil a la decisión administrativa sobre el deslinde. Esta novedad precipitó un drama mal gestionado y peor resuelto por funcionarios, políticos y jueces.
El Tribunal Constitucional reconoció que el deslinde opera una expropiación especial, pero resolvió que la concesión sobre las antiguas propiedades era una indemnización suficiente. España, como se ve, aspira a vivir por encima de sus posibilidades: Quiere limpiar las costas pero carece de recursos económicos para conseguirlo de forma decente, es decir, indemnizando la expropiación con suficiencia.
Pero la Administración no tramitaba los expedientes de concesión incluso cuando estaba obligada a hacerlo de oficio, dando lugar a un singular limbo jurídico en el que nadie, ni los ocupantes ni el Estado, sabían cuáles eran los derechos ni los deberes de los primeros. Aún peor: La Administración, salvo excepciones, sólo otorgaba la concesión como trámite previo a su rescate con motivo de una obra pública. Obvio: Si no tienes nada, no te pueden quitar esa nada, así que primero te la daban y en un pestañeo te la quitaban. Y por un precio ridículo, ya que la Administración, de forma inexplicable, aplicaba el criterio de los chiringuitos, según el cual el valor de la indemnización por rescate es equivalente al importe no amortizado de la obra. El valor del suelo, que es público, obviamente no se tiene en cuenta. Pues bien: Resulta particularmente abusivo aplicar este mismo criterio a los ciudadanos a quienes el deslinde les ha expropiado tanto el edificio como el suelo. Entre otros casos, a un vecino de Cádiz le rescaten la concesión de su vivienda en parcela de ochocientos metros cuadrados por un total de 136 euros.
Esta situación se hizo tan irresistible bajo el impulso de Cristina Narbona, que los ciudadanos se unieron en la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, plantearon una queja en el Parlamento Europeo y consiguieron que esta institución reclamara la reforma de la ley de costas cuya primicia acaba de hacer pública el Consejo de Ministros.
Uno de los aspectos acertados de esta reforma es la posibilidad de ampliación de las concesiones en 75 años adicionales y la posibilidad de que éstas puedan ser objeto de compraventa. La primera medida incrementa el valor de la indemnización por la privación de la propiedad. La segunda garantiza a las concesiones un precio de mercado que deberá ser tenido en cuenta al valorar el rescate, impidiendo abusos indebidos. Nunca se conseguirá, no obstante, que las víctimas de la ley reconozcan que la concesión, sea cual sea su plazo, es indemnización suficiente por la pérdida de la propiedad.
La reforma omite modificar la definición de zona marítimo terrestre pero introduce limitaciones a la de playa. Aporta una deseable coordinación con el Registro de la Propiedad, pero incurre en inconstitucionalidad en su reforma del artículo 119, al atribuir al Estado facultades sobre la servidumbre de protección. Su anexo de núcleos que escapan al dominio público amenaza tormenta por agravios comparativos. En resumen: El texto es una mezcla de virtudes y carencias que amenaza con irritar a todos y no contentar a nadie y que augura un debate público intenso. De todo esto lo único cierto es que los hechos que estamos viviendo son la escenificación de la victoria de los ciudadanos sobre el aparato del Estado.
José Ortega
Abogado
