Reforma de la Ley de Costas en Alicante
La nueva Ley de Costas excluye a Playa Lisa del deslinde pero mantiene el de Arenales
La reforma aprobada ayer por el Consejo de Ministros supone que las viviendas de Santa Pola y las de la zona de Rocafel, en la Albufereta, se salven de la demolición
01:50
F.J.B. / F.R.
El anteproyecto de reforma de la Ley de Costas excluye del dominio público marítimo terrestre a los chalés de primera línea de Playa Lisa (Santa Pola), aunque no dice nada, ni incluye a las 800 viviendas afectadas por el deslinde en Arenales del Sol, ni las del Pinet, Guardamar, Dénia y Xàbia. Además en la provincia también se legalizan unas 800 viviendas de Rocafel, en la Albufereta de Alicante, y en la Comunidad las afectadas en Oliva (Valencia).
El anteproyecto aprobado ayer en el Consejo de Ministros establece también que los inmuebles afectados por la ley de Costas, de 1988, como es el caso de Arenales, podrán renovar su concesión por un plazo de 75 años que empezará a contar cuando venza el actual, pero para hacerlo tendrán que pagar un canon que se determinará y que será adecuado al establecimiento de cada uno. Además se permite su transmisión.
La principal novedad que introducirá la ley respecto a las concesiones (viviendas y negocios) de la zona de servidumbre de protección está dirigida a las edificaciones que legítimamente las ocupan, a cuyos titulares se les permitirá realizar las obras de reparación, mejora, modernización y consolidación, siempre que no impliquen un aumento de volumen, altura ni superficie. Se elimina el requisito de la autorización administrativa previa, por el de la declaración responsable. En la que tendrán que incluir que tales obras cumplen con los requisitos de eficiencia energética y ahorro de agua.
Por otro lado, también se prevé reducir el ancho de la servidumbre de 100 metros a 20 metros en relación con los núcleos de población que sin poder acogerse a lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, por no ser suelo calificado como urbano, si tenían en aquella fecha características propias de él. Reducción que se contempla también, como posibilidad excepcional, para las rías, evitando que cuando algún tramo de estas emerge tierra adentro, a distancia de la ribera del mar, genere, por defecto, una servidumbre de 100 metros.
La ley prevé asimismo que a los bienes declarados de interés cultural que ocupan el dominio publico, se les otorgue una concesión y se les aplique su régimen jurídico propio.
Carmen del Amo, presidenta de la asociación de afectados, recibió ayer la noticia con escepticismo. «Al final, el Gobierno ha hecho lo que le ha dado la gana. Cierto que la Albufereta y Santa Pola quedan fuera del dominiio público marítimo, pero ¿y el resto? Esto lo que puede hacer es que nos enfrentemos unos con otros. Nosotros seguiremos luchando porque se autorice todo».
En la rueda de Prensa posterior, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz Santamaría, explicó que la nueva normativa persigue «la seguridad jurídica y la protección del medio ambiente» en el litoral español, que es la base fundamental del turismo en España. La ley supondrá, según indicó, una «tolerancia cero» frente a las agresiones en la costa, y cuenta con una «cláusula antialgarrobicos», para actuar por la vía administrativa y sin tener que esperar a la vía judicial frente a acuerdos municipales que aprueben obras contrarias a la ley, pudiendo paralizar en estos casos las obras que hayan comenzado.
«Una desagradable sorpresa»
El presidente del colectivo de afectados de Arenales del Sol, Alfredo Masó, se mostraba nada más conocer la noticia «desagradablemente sorprendido. Nos hemos sorprendido que Arenales del Sol, que es la zona afectada con un carácter retroactivo más claro, no se le haya tenido en cuenta y no se le haya incluido. Nos toca seguir luchando para que al final se nos reconozcan unos derechos que creemos que nos corresponden».
Masó señaló que tendrán que estudiar en profundidad el texto que se conoció ayer para ver los conceptos que se establecen en la reforma y para ver cómo podrían incidir sobre ellos. «Nos vamos a reunir todo lo pronto que podamos con la alcaldesa, para ver cómo intentamos que se incluya Arenales en los núcleos que se han excluido y que nosotros nos alegramos por ellos, pero no dejamos de sorprendernos de que haya sido Arenales la que ha encabezado la oposición al texto legal que estaba en vigor, que haya sido justo la que se ha quedado fuera».
Aunque reconoció como un ligero alivio la ampliación a 75 años del plazo de concesión, así como la posibilidad de poder efectuar obras de reforma y rehabilitación, «para nosotros esa no es una solución al problema. Vamos a seguir luchando hasta que hayamos conseguido nuestro objetivo».
http://www.diarioinformacion.com/elche/2012/07/14/nueva-ley-costas-excluye-playa-lisa-deslinde-mantiene-arenales/1274696.html
……………….
La nueva ley de Costas salva los edificios de Rocafel y Playa Lisa
La normativa amplia las concesiones a 75 años y permite su transmisión
13.07.12 – 16:41 – EFE | MADRID
El anteproyecto de la Ley de Costa, aprobado hoy en Consejo de ministros, amplía las concesiones de las propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre a 75 años y permite su transmisión.
En la rueda de prensa posterior, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz Santamaría, ha explicado que este anteproyecto persigue «la seguridad jurídica y la protección del medio ambiente» en el litoral español, que es la base fundamental del turismo en España.
La ley supondrá, ha indicado, una «tolerancia cero» frente a las agresiones en la costa, y cuenta con una «cláusula anti algarrobicos», para actuar frente a acuerdos municipales que aprueben obras contrarias a la ley .
En la exposición de motivos, se afirma que en relación con el régimen concesional, la ley introduce «importantes cambios».
Así en el régimen general se modifica el plazo máximo de duración de las concesiones que pasa a ser de 75 años, y se permite la transmisión mortis causa e intervivos de las concesiones.
En el primer caso, y según el texto, se amplía el plazo de notificación que deben hacer los causahabientes (sucesores o subrogados) para poder subrogarse en la concesión de uno a cuatro años.
El artículo segundo de la ley establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior.
Se da respuesta, a la extinción de las concesiones previstas en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas , que preveían, con carácter general, un plazo máximo de 30 años de duración, que finalizará en 2018.
Se excluyen del dominio público 10 núcleos de población que por su situación entrarían dentro de la definición de la zona pública. Se trata de Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d´Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia)
Debe subrayarse, refiere el anteproyecto, que no se trata de una prórroga indiscriminada, sino que su otorgamiento queda supeditado a un informe favorable del órgano ambiental autonómico, en los casos en que se trate de ocupaciones destinadas a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera.
«Este es un ejemplo -agrega el texto- donde la seguridad jurídica que supone la continuidad de la ocupación se conjuga con la protección del litoral que podrá conllevar la expulsión efectiva de todas aquellas concesiones que no sean ambientalmente sostenibles.
Esta prórroga extraordinaria tendrá una duración máxima de 75 años.
La principal novedad que se introduce respecto de la zona de servidumbre de protección está dirigida a las edificaciones que legítimamente las ocupan, a cuyos titulares se les permitirá realizar las obras de reparación, mejora, modernización y consolidación, siempre que no impliquen un aumento de volumen, altura ni superficie.
Eliminando para ello el requisito de la autorización administrativa previa, por el de la declaración responsable. En la que tendrán que incluir, como ya se ha indicado, que tales obras cumplen con los requisitos de eficiencia energética y ahorro de agua.
A su vez, también se prevé reducir el ancho de esta servidumbre de 100 metros a 20 metros en relación con los núcleos de población que sin poder acogerse a lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas , por no ser suelo calificado como urbano, si tenían en aquella fecha características propias de él.
Reducción que se contempla también, como posibilidad excepcional, para las rías, evitando que cuando algún tramo de estas emerge tierra adentro, a distancia de la ribera del mar, genere, por defecto, una servidumbre de 100 metros.
La ley prevé asimismo que a los bienes declarados de interés cultural que ocupan el dominio publico, se les otorgue una concesión y se les aplique su régimen jurídico propio.
http://www.lasprovincias.es/20120713/comunitatvalenciana/provincia_alicante/costas-201207131641.html
