Aprobada la reforma de la Ley de Costas
CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno da luz verde al Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas
5/10/2012
El nuevo texto normativo protegerá mejor el litoral frente a los excesos urbanísticos y generará confianza y mayor actividad económica
Modifica la anterior Ley de Costas de 1988 para garantizar la protección y conservación y clarificar el alcance del dominio público marítimo terrestre, así como los deslindes, concesiones y usos de las costas
Beneficia a quienes estaban legítimamente en el litoral, pero no supone una amnistía para las situaciones ilegales
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988.
El nuevo texto normativo protegerá mejor el litoral frente a los excesos urbanísticos y generará confianza y mayor actividad económica, con el objetivo de ser un instrumento eficaz de protección y conservación del litoral. y proporcionará seguridad jurídica a los ciudadanos y empresas
Además, resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma (de 30 años desde la ley de 1988), es decir, en 2018 con la consiguiente pérdida de los derechos de sus titulares. Así, el Gobierno pretende acabar con la indeterminación y ambigüedad existente desde hace décadas y que ha permitido la proliferación de diversas ocupaciones irregulares.
PRINCIPALES MODIFICACIONES
Se define mejor el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y se aplicarán criterios estrictamente técnicos para deslindar la costa con la consiguiente seguridad jurídica para propietarios, concesionarios y usuarios.
La reforma, introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para éstas últimas, se impondrá un nivel de protección mayor aún al ya vigente.
Para reforzar los mecanismos de protección del litoral, la Administración General del Estado tendrá la facultad de suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre, o que supongan una infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de protección, impugnando dichos acuerdos ante los tribunales; con ello se podrá evitar que se reproduzcan casos de construcciones ilegales.
Otra medida esencial para la protección del litoral es que se impiden nuevas edificaciones en el DPMT y se prohíbe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie.
Para conseguir una completa seguridad jurídica, se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos; para ello, los bienes de DPMT se deben inscribir en el Registro de la Propiedad, y además la información sobre los deslindes se tendrá que se inicie un nuevo deslinde. Por último todos los ciudadanos accederán vía Internet a los deslindes.
Con objeto de facilitar la viabilidad y sostenibilidad de las actividades económicas, se amplían los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años, como hacen otras leyes como la Ley de Aguas, siempre que se trate de actividades respetuosas con el DPMT. Con ello, se proporciona a dichas actividades un horizonte amplio de actividad e inversión, a la vez que se fomenta una mayor corresponsabilización de los concesionarios hacia la conservación del DPMT.
Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma por un plazo máximo de 75 años.
No obstante, no se trata de una prórroga indiscriminada, sino que en aquellos casos en los que las concesiones amparen ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera, será necesario un informe ambiental específico para otorgar la prórroga.
APOYO DE LA COMISIÓN EUROPEA
La Comisión Europea, una vez conocido este nuevo texto, ha valorado muy positivamente su contenido porque considera que dará seguridad jurídica a los europeos con propiedades inmobiliarias en el litoral español.
La reforma tiene el objetivo primordial de proteger mejor nuestro litoral frente a excesos urbanísticos y beneficiar a quienes se encontraban legítimamenten la costa, pero no es una amnistía de situaciones ilegales. Porque hay 10.000 viviendas en Dominio público marítimo terrestre, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. Además, solo en 2018 expiran unas 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.
La nueva Ley generará confianza y certidumbre para las ocupaciones y la actividad económica. Existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo.
Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales, más de 3.000 son “chiringuitos” (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos). Como ejemplo de la dimensión del empleo relacionado con este sector, se estima que solo en Andalucía suponen más de 40.000 empleos.
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-gobierno-da-luz-verde-al-proyecto-de-ley-de-protecci%C3%B3n-y-uso-sostenible-del-litoral-y-de-modificaci
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Luz verde a la reforma de la Ley de Costas que evitará demoler miles de viviendas
Europa Press | Madrid
El Gobierno ha aprobado este viernes el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988, una norma que elevará hasta 75 años las concesiones de viviendas en playa, permitirá al Estado suspender acuerdos municipales contrarios a la normativa, establecerá concesiones de cuatro años para los ‘chiringuitos’ y modifica las normas del deslinde administrativo.
El Consejo de Ministros ya abordó el pasado mes de julio el anteproyecto de ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y la modificación de la Ley de Costas. Ante la ausencia del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que viajará a Malta para participar en el Diálogo 5+5, el Consejo de Ministros ha estado presidido por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Según el Gobierno «protegerá mejor el litoral»
Según el Gobierno, el nuevo texto «protegerá mejor el litoral frente a los excesos urbanísticos y generará confianza y mayor actividad económica, con el objetivo de ser un instrumento eficaz de protección y conservación del litoral. y proporcionará seguridad jurídica a los ciudadanos y empresas».
«La reforma tiene el objetivo primordial de proteger mejor nuestro litoral frente a excesos urbanísticos y beneficiar a quienes se encontraban legítimamente en la costa, pero no es una amnistía de situaciones ilegales», sostiene el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en una nota de prensa.
Según enumera, «hay 10.000 viviendas en Dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. Además, sólo en 2018 expiran unas 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición».
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete ha justificado la reforma de la Ley de Costas «por la imagen que se generaría de España» al efectuar «demoliciones masivas de viviendas».
En cualquier caso, el titular de Medio Ambiente ha señalado que «todo lo que sea ilegal en la costa será demolido y se actuará sobre ello», en alusión al hotel constuido en El Algarrobico (Almería). Cañete también ha hecho alusión a los deslindes que, gracias a la nueva normativa, se podrá consultar a través de Internet para que los ciudadanos puedan comprobar «si su vivienda o parcela está afectada por limitaciones de dominio público».
Según argumenta el MAGRAMA, «existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo». De ellas, 1.700 son ocupaciones industriales mientras que más de 3.000 son ‘chiringuitos’ (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).
Entre otras actuaciones, la norma introduce una reforma en relación con el uso de las playas. La reforma contempla un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para estas últimas, se impondrá un nivel de protección mayor al vigente.
Asimismo, se impiden nuevas edificaciones en el dominio público marítimo-terrestre «y se prohíbe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie. Los bienes de DPMT deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad».
Críticas de los ecologistas
Cuando se conoció el contenido de la reforma, el pasado mes de julio, las organizaciones ecologistas coincidieron en criticar esta reforma pues consideran que la ampliación de las concesiones a 75 años supondrán un gran daño ambiental.
Los ecologistas han vuelto a mostrarse críticos ante la reforma definitiva de la ley. Greenpeace, WWF y Ecologistas en Acción han calificado de «engaño» la nueva ley.
Resaltan que el proyecto «ignora los problemas actuales del litoral» relativos a temas como la regresión de la línea de costa, el deterioro de los ecosistemas marinos o la presión urbanística, entre otros.
Greenpeace ha recordado que la tramitación de esta ley «no ha contado desde el principio» con las principales organizaciones ecologistas e institutos de investigación. «En ningún momento se tuvo acceso a los borradores previos, de un borrador que se ha elaborado por un bufete de abogados ajenos al Ministerio de Medio Ambiente», ha destacado.
Por último, ha destacado que «se está aumentando exponencialmente el gasto de dinero público en mantenimiento artificial de la costa».
Mientras, la asociación Ecologistas en Acción ha calificado de «pésima noticia» el proyecto al entender que supone una «frivolidad» y una «irresponsabilidad total» puesto que «busca favorecer con irregularidades» en base a «intereses particulares y amiguismos».
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/05/natura/1349434672.html
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CONSEJO DE MINISTROS | Prórroga de 75 años más para las casas junto al mar
Cañete reforma la Ley de Costas por ‘la imagen de demoliciones masivas en España’
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Miguel Arias Cañete ha justificado la reforma de la Ley de Costas aprobada en Consejo de Ministros «por la imagen de España que se generaría» al efectuar «demoliciones masivas de viviendas» a partir del año 2018. Fecha en la que expiran las concesiones de casi 2.000 viviendas, lo que obligaría a su demolición.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arias Cañete ha indicado que, «dentro de cinco años, se tendrían que haber empezado a demoler, sólo en 2018, cerca de 2.000 viviendas en el litoral, con la imagen de España que se generaría de muchísimas personas que habían invertido en el país y que luego veían que una modificación del sistema jurídico les desposeía de sus viviendas y obligaba a demolerlas con enorme coste».
En cualquier caso, el titular de Medio Ambiente ha señalado que «todo lo que sea ilegal en la costa será demolido y se actuará sobre ello», en alusión al hotel construido en El Algarrobico (Almería).
La nueva norma permite comprobar ‘si una vivienda o parcela está afectada por limitaciones públicas’
Cañete también ha hecho alusión a los deslindes que, gracias a la nueva normativa, se podrá consultar a través de internet para que los ciudadanos puedan comprobar «si su vivienda o parcela está afectada por limitaciones de dominio público».
A juicio del ministro, estos cambios «tienen que mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permitir dar salida al ‘stock’ de vivienda que muchas veces, por la imagen de España de inseguridad jurídica, lleva a frenar las inversiones en el litoral». Por ello, ha subrayado que no se trata de «una ley de amnistía» ya que establece «un marco regulatorio mucho más claro» que permitirá evitar «la sensación de arbitrariedad». «No es más laxa ni tolerante», ha reiterado.
En este punto, ha detallado que «lo ilegal será demolido, lo que era legal y estaba sometido a concesión se prorrogará a petición de sus titulares; y las instalaciones industriales se analizarán desde el punto de vista medioambiental para ver si son sostenibles y afectan a los ecosistemas marinos o hábitat naturales para tener una política de conservación real de las playas y el litoral».
Hay unas 23.000 ocupaciones no residenciales en los cerca de 10.000 kilómetros de costa De este modo, Arias Cañete ha recordado que actualmente, en los cerca de 10.000 kilómetros de costa que hay en el litoral, existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo. Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y 3.000 ‘chiringuitos’. Como ejemplo de la dimensión del empleo relacionado con este sector, Cañete ha cifrado en 40.000 el número de empleos que se generan solo en Andalucía.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/05/suvivienda/1349451228.html
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El Gobierno da luz verde a la nueva Ley de Costas que indulta miles de viviendas
La norma excluye del dominio público 11 zonas conflictivas del litoral y amplía las concesiones
Las claves de la reforma de la Ley de Costas
DESCARGABLE Anteproyecto de la nueva Ley de Costas
Una Ley de Costas a la carta, por RAFAEL MÉNDEZ
Bruselas aplaude la reforma porque protege a los propietarios
EL PAÍS Madrid 5 OCT 2012 – 17:14 CET
El Consejo de Ministros ha dado esta mañana luz verde al proyecto de reforma de la actual Ley de Costas, vigente desde 1988, que ampliará las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años, a contar a partir de que acabe la prórroga actual; diseñará un régimen especial para 11 zonas problemáticas a las que excluye del dominio público marítimo terrestre, establecerá concesiones de cuatro años para los chiringuitos y reducirá la definición de dominio público. Además, la superficie de la servidumbre de protección en las rías podrá bajar en algunos casos de 100 a 20 metros.
El texto del anteproyecto, avanzado por EL PAÍS, justifica la reforma en que la ley vigente ha “tolerado resultados inaceptables medioambientalmente” y añade que el tiempo pasado desde su aprobación “se impone y consolida situaciones”. El Ejecutivo asegura que la norma ha “provocado desconfianza y desconcierto”.
Según el Gobierno, la ampliación en 75 años de las concesiones de uso del dominio público, que empezaban a caducar en 2018, es necesaria para “evitar el riesgo de que se produzca la pérdida del derecho en un plazo tan breve, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los extranjeros”. Además, los dueños de las casas en la playa las podrán vender y hacer reformas sin permiso siempre que no aumenten de altura ni volumen.
La nueva ley admite que habrá un deslinde especial más laxo para la isla de Formentera “debido a la especial configuración geológica” de la isla. Además, excluye del dominio público otros 10 núcleos de población que por su situación entrarían dentro de la definición de la zona pública. Se trata de Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d´Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia). Estos pasarán a formar parte del Patrimonio del Estado, que se pueden vender. Los ecologistas lo ven como el paso previo para que pasen a manos privadas, ya que si se considera dominio público no se puede vender. En total, se salvarán unas 10.000 viviendas.
El texto excluye del dominio público las “dunas artificiales y las dunas muertas”, lo que reducirá la zona pública en lugares como Doñana. Además, limita la definición del alcance de los mayores temporales conocidos parta establecer el dominio público. Hasta ahora, Costas recurría a veces a vestigios fósiles para demostrar que hasta allí llegaba el mar y por lo tanto debía ser dominio público. Ahora solo lo serán si hay “referencias comprobadas” de que allí llegaba el mar.
También exime a las marinas artificiales de ser dominio público, como la marina de Empuriabrava (Girona), al señalar que “no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran”.
La norma permite además la publicidad en las playas —hasta ahora estaba prohibida—, “siempre que sea parte integrante o acompañe a actividades permitidas en el dominio público”.
Las industrias (“extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera”) situadas en dominio público deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión. Este trámite permitiría seguir en la ría de Pontevedra a la polémica papelera de Ence.
Desde que se conoció el anteproyecto, los ecologistas han emprendido una batalla contra lo que consideran un atentado medioambiental que da vía libre a nuevas ilegalidades urbanísticas. También ha criticado la reforma el PSOE, que considera que la reforma huele a compromiso político adquirido con personas e intereses concretos que se trasladan a una ley de carácter general».
Por el contrario, la Comisión Europea se ha manifestado a favor de la reforma por considerar que «ofrece una mayor seguridad jurídica a los propietarios» de fincas en el litoral a la vez que protege eficazmente el medio ambiente. «Es una buena noticia para la economía española. Los ciudadanos y las empresas europeas tendrán más confianza a la hora de invertir», subrayó recientemente en un comunicado la vicepresidenta Viviane Reding.
Las claves de la reforma
La primera reforma de calado de la Ley de Costas desde que entró en vigor en 1988 incluye importantes novedades. Incluido el nombre. Ahora se llama pomposamente Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. En general, salva lo ya construido con una concesión casi eterna y sin las restricciones actuales. Estas son sus claves.
Núcleos amnistiados. La reforma excluye 10 núcleos de viviendas que dejarán de ser dominio público marítimo-terrestre. Lo hace sin un informe técnico ni una explicación amplia de por qué se han elegido. Se trata de casos muy conflictivos, como El Palo y Pedregalejo (Málaga), la Marina de Empuriabrava (Girona) (ver gráfico). Solo en estas zonas hay unas 10.000 viviendas que se salvan de la piqueta.
Trato especial. Formentera tendrá un deslinde especial por su “especial configuración geológica”. Es una de las zonas de Baleares menos urbanizadas y el ministerio cree que aplicando la ley hasta ahora vigente casi toda quedaría protegida.
Más años. Las decenas de miles de casas construidas legalmente sobre el dominio público marítimo-terrestre (la playa) antes de la Ley de Costas recibieron una concesión de 30 años o de 60 años. Como empiezan a caducar en 2018, Medio Ambiente les dará otros 75 años a cambio de un pequeño canon que está aún por definir.
Venta de viviendas. Los concesionarios de las casas podrán venderlas (estaba prohibido) y hacer reformas, si no aumentan su volumen ni altura.
Menos protección. Medio Ambiente autoriza a reducir en las rías la servidumbre de protección de 20 a 100 metros “en atención a las características topográficas o hidrográficas”. Esgrime que esa es la distancia en los ríos. Así salva muchos problemas en los núcleos rurales de Galicia que estaban afectados por la Ley de Costas y que ahora se libran.
Más industria. Las industrias (“extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera”) situadas en dominio público deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión. Este trámite deja en manos de la comunidad autónoma la continuidad de la polémica papelera de Ence en Pontevedra, con concesión hasta 2018. Si la Xunta de Galicia da el visto bueno, la prórroga de Costas durante otros 75 años será automática.
Planes municipales. La reforma permite al delegado del Gobierno suspender los planes municipales que invadan el dominio público. El Gobierno se refiere a este punto como “cláusula anti-Algarrobicos”. Falta por ver si ese punto superaría un recurso ante el Constitucional y si las demarcaciones de Costas tienen capacidad suficiente para supervisar uno a uno los planes municipales y dan la alerta a tiempo.
Menos dominio público. La ley excluye del dominio público las “dunas artificiales y las dunas muertas”, lo que reducirá la zona pública en lugares como Doñana. Además, limita la definición del alcance de los mayores temporales conocidos para establecer el dominio público. Hasta ahora, Costas recurría a veces a vestigios fósiles para demostrar que hasta allí llegaba el mar y, por tanto, debía ser dominio público. Ahora solo lo serán si hay “referencias comprobadas” de que allí llegaba el mar.
Salinas y acuicultura. La ley exime a las salinas e instalaciones de acuicultura de ser terreno público al señalar que “no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran”.
Registro de la Propiedad. La ley obliga a la Administración a incorporar en el Registro de la Propiedad todos los deslindes. La falta de ese trámite había generado muchos problemas a los compradores que denunciaban que no habían sido informados.
Chiringuitos. Los chiringuitos y demás instalaciones desmontables de la playa recibirán un permiso cada cuatro años en vez de anualmente, como hasta ahora. Más adelante, previsiblemente, se modificará el reglamento de la ley y ahí sí que se puede ampliar la superficie de estos establecimientos.
Diferentes tipos de playas. El Ministerio de Medio Ambiente distinguirá entre dos tipos de playas en un reglamento posterior: las playas urbanas y las que están rodeadas de espacios protegidos. En estas últimas la regulación será más estricta.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/05/actualidad/1349430856_703093.html
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el gobierno dará una prórroga de 75 años más para las viviendas de la costa
viernes, 5 octubre, 2012 – 16:27
17publicado por equipo@idealista
el consejo de ministros ha aprobado el proyecto de ley de modificación de la ley de costas que busca proteger mejor el litoral de españa frente a los excesos urbanísticos. esta reforma beneficia a quienes estaban legítimamente en el litoral, dándoles una prórroga de 75 años más, pero no supone una amnistía para las situaciones ilegales
las principales modificaciones de la ley que figuran en el proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y modificación de la ley de costas de1988 son las siguientes:
– definición del dominio público-terrestre: y se aplicarán criterios técnicos para deslindar la costa con la consiguiente seguridad jurídica para propietarios, concesionarios y usuarios
– diferencia de suelos: se protegerá aún más los espacios naturales de las playas que estén junto a espacios protegidos o suelo rural
– el estado tendrá más poder frente a los ayuntamientos: el estado tendrá la facultad de suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por los ayuntamientos que afecten al dominio público marítimo-terrestre o que supongan una infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de protección. el objetivo es evitar que se reproduzcan casos de construcciones ilegales
– prohibición de nuevas edificaciones en la costa: se prohíben también que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie
– más información a los ciudadanos: se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos. para ello, los bienes del dominio público marítimo-terrestre se deben inscribir en el registro de la propiedad y, además, la información sobre los deslindes se tendrá desde que se inicie un nuevo deslinde. por último todos los ciudadanos accederán vía internet a los deslindes
-ampliación de los plazos de concesiones hasta los 75 años: se amplían los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años. se proporciona a dichas actividades un horizonte amplio de actividad e inversión. ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma por un plazo máximo de 75 años
– no es una amnistía a casas ilegales: hay 10.000 viviendas en la costa, la mayoría con un derecho anterior a la ley de costas de 1988. en 2018 expirarían las primeras 1.100 concesiones, lo que obligaría a su demolición si no fuera por esta reforma. beneficia este proyecto de ley a quienes estaban legítimamente en el litoral. además, otorga concesiones de cuatro años para los “chiringuitos” ver el documento completo del proyecto de modificación de la ley de costas
http://www.idealista.com/news/archivo/2012/10/05/0522645-el-gobierno-dara-una-prorroga-de-75-anos-mas-para-las-viviendas-de-la-costa
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La reforma de la ley de costas evitará derribar miles de casas en la playa
La nueva norma eleva hasta 75 años las concesiones de viviendas en el litoral
Aumentan de uno a cuatro años las concesiones para los ‘chiringuitos’
Para «evitar atrocidades urbanísticas» y dar garantías jurídicas a los dueños de viviendas legales y actividades económicas sostenibles
05.10.12 | 22:10h. EUROPA PRESS | MADRID
El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la ley de costas con el objetivo de “evitar atrocidades urbanísticas en la costa” y dar garantías jurídicas a los propietarios de viviendas legales y actividades económicas sostenibles, según ha explicándo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Así, se amplían 75 años las concesiones a los propietarios de casas, se diferencian playas urbanas de naturales, dando a estas más protección y se refuérzala prohibición de nuevas edificaciones.
05/10-12 | Informativos Telecinco
España tiene 10.000 ocupaciones residenciales en dominio público marítimo terrestre y, según ha explicado el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, 2.000 de ellas debían empezar a demolerse en 2018. Para evitarlo el Ejecutivo ha aprobado la reforma de la ley de costas.
Así ha ampliado a 75 años las concesiones para viviendas y para quienes desarrollen una actividad económica, compatible con el sostenimiento del medio ambiente. Las instalaciones de menos de 20 metros cuadrados, véase los chiringuitos, amplían sus licencias de uno a cuatro años.
Las instalaciones industriales en la costa tendrán que someterse a un informe que determinará si pueden permanecer en el dominio público marítimo terrestre.
Según el ministro esta reforma “beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa”. La norma refuerza la prohibición de nuevas edificaciones y las obras de mejora de edificaciones ya existentes no podrán aumentar su volumen y tendrán que cumplir criterios de eficiencia energética.
Se trata de “proteger el litoral conciliando la actividad económica sostenible” y “dar garantía jurídica a los propietarios de ocupaciones”, según ha explicado Arias Cañete.
Esta ley permitirá demoler “todo lo que sea ilegal”, ha dicho el ministro que ha puesto como ejemplo el Algarrobico (Almería). El Gobierno podrá suspender obras ilegales a la espera de una decisión judicial.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dihco que el objetivo de la reforma de la ley de costas es «evitar atrocidades urbanísticas en la costa” y dar garantías jurídicas a los propietarios de viviendas legales y actividades económicas sostenibles.
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Consejo_de_Ministros-proyecto-Ley_de_Costas_0_1700229982.html
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La “desamortización” del dominio público litoral
La nueva Ley de Costas es un torpedo a la línea de flotación de los intereses generales en el litoral
FERNANDO PALAO 5 OCT 2012 – 17:56 CET8
Cuando se aproxima el año 2018, en el que se extinguirán las concesiones compensatorias establecidas por la ley vigente, el Gobierno de Rajoy ha elaborado un anteproyecto de nueva Ley de Costas que es un torpedo a la línea de flotación de los intereses generales en la costa, aunque lo califica sin pestañear como medio eficaz para proteger la integridad del dominio público marítimo-terrestre y preservar su uso común”…“que se orienta a garantizar la protección del litoral y otorgar seguridad jurídica” y señala que “el Estado asume la función de garante de la protección y defensa del demanio marítimo-terrestre”. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.
Se afirma, como no podía ser de otra manera por un Gobierno que tiene el tic compulsivo de amparar todas sus acciones y contradicciones en las herencias recibidas, que “la seguridad jurídica es el pilar que sustenta esta reforma y su establecimiento resultaba una tarea indispensable para superar el marco anterior”…y que “su ausencia ha generado problemas que van más allá de los estrictamente jurídicos, y que han provocado desconfianza y desconcierto».
El Gobierno pretende conseguir la tan cacareada seguridad jurídica aceptando los planteamientos privados menos respetuosos con el dominio público marítimo terrestre, que reclaman supuestos «derechos adquiridos» a mantener el uso exclusivo y permanente de un trozo de costa, y resolviendo a su favor todos los contenciosos e ilegalidades anteriores y posteriores a la ley, olvidándose de que la presión de los intereses especulativos en la costa es insaciable y si esta nueva ley cede a los mismos, en seguida aparecerán nuevas reivindicaciones privatizadoras.
No es por casualidad que el anteproyecto cuenta con una valoración muy positiva de la CEOE porque “dará mayor seguridad jurídica a las relaciones en el litoral y terminará con la actual situación de incertidumbre” y es denostada por las asociaciones que defienden el medio ambiente.
Conviene tener claro que no existe una Ley de Costas eficaz que no sea problemática en unos u otros frentes. Siempre existirán jugadores de ventaja y la Administración debe garantizar frente a ellos el interés general.
Es necesaria una aplicación eficaz, inteligente y también prudente de la ley existente, pero no su demolición ni la de sus objetivos y principios jurídicos, única demolición a la que se atreve este Gobierno.
La crisis inmobiliaria, que reducirá sin duda la presión urbanizadora sobre el litoral, podría haber sido una buena oportunidad para aplicar la ley en todo su contenido, pero la lectura que hace el Gobierno es que es una ocasión para desmontarla favoreciendo intereses particulares clientelares concretos y un modelo caducado de desarrollo del litoral y del turismo.
Algunas de las medidas destacadas de la nueva ley son las siguientes:
Concesiones y autorizaciones
El plazo máximo de referencia para el otorgamiento de cualquier concesión pasa con la nueva ley de 30 a 75 años y para las autorizaciones de 1 a 4 años. La ley establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior. Con esta medida el Gobierno hace un magnífico regalo de cumpleaños a los concesionarios, que seguramente sabrán agradecerle.
La cifra de 75 años no guarda relación con los plazos de amortización financiera o tecnológica de cualquier inversión privada en el dominio público litoral que son normalmente inferiores a los 30 años. La rentabilidad de un “chiringuito de playa” bien situado, con tres meses de temporada, es mayor que la de un restaurante o un hotel de tres estrellas durante todo el año en terreno propio, en la misma zona, siendo su inversión mucho menor. ¿Por qué tienen los concesionarios actuales más derecho que los demás ciudadanos a que le renueven sin concurso sus concesiones de ocupación de dominio público por periodos interminables?
Se trata de obviar la titularidad del Estado y la intransferibilidad del dominio público a través de la autorización de larguísimos plazos en los que la memoria administrativa se pierde y el uso privativo y la degradación del dominio público natural se consolidan, creándose una apariencia social de propiedad y un statu quo que hace que la recuperación del demanio ocupado al extinguirse una concesión, o la de una ocupación ilegal, se consideren una expropiación ilegítima y un atentado contra la propiedad privada sacrosanta. Además, antes de que transcurran semejantes plazos gobernará otra vez el PP y llegará una nueva amnistía.
Exclusiones del dominio público marítimo terrestre
Los nuevos criterios para la definición y para la exclusión del dominio público marítimo terrestre van a suponer una privatización histórica de una parte de estos espacios y la desafectación y venta posterior a particulares de espacios de dominio público desafectados, una auténtica “desamortización”, de la que alguien se beneficiará y una posible nueva fuente de favoritismos y de corrupción, como ya lo fue en su día.
a. Definición
En cuanto al alcance de los mayores temporales conocidos, como criterio para la definición del dominio público marítimo terrestre, se estará a las referencias comprobadas. Los criterios que se establecen son una verdadera locura. “Se deberán revisar los deslindes cuando los mayores temporales conocidos, no hubieran alcanzado el límite establecido en el deslinde, en al menos cinco ocasiones, en los diez años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya practicado el deslinde, o en defecto de referencias conocidas en ese periodo, en los diez años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de esta ley”.
Como es evidente, no existen registros documentados ni fiables del alcance de los temporales en todos los puntos de la costa, por lo que es imposible demostrar lo que pasó precisamente en los diez años anteriores a la fecha del deslinde o de la aprobación de la ley a lo largo de toda la costa.
A efectos del dimensionamiento de obras marítimas se utilizan periodos de retorno entre 100 y 500 años. Para la definición del dominio público marítimo terrestre la nueva ley considera un periodo de retorno muy inferior a los dos años. Se trata de nuevo de implantar una amplia discrecionalidad (es decir inseguridad jurídica), que es la tónica general de la nueva ley. Esta decisión al igual que la siguiente sobre las dunas son, además, técnicamente inoportunas dada la subida comprobada del nivel medio del mar.
b. Dunas
“Se eliminan del concepto de demanio natural las dunas artificiales y las dunas muertas, entendiendo por éstas los sistemas arenosos de carácter fijo que no contribuyen a garantizar la estabilidad de la playa y defensa de la costa.” ¿Qué es una “duna artificial”, cuando la propia definición de duna recogida en la misma ley implica su creación por causas naturales? ¿Y una duna muerta? ¿La que no se desplaza? ¿Por ejemplo, las dunas de Corrubedo deben ser extraídas del dominio público marítimo terrestre? ¿Y las de Doñana? ¿Veremos en unos años como se urbanizan estos espacios, como pasó hace años con las de las playas de Panjón o de la Antilla entre otras muchas.
La nueva ley limita la inclusión de las dunas en el dominio público: “hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”. El Reglamento de la Ley de Costas de 1988 establece esa limitación solamente para las dunas fijadas por la vegetación. Las dunas sin vegetación están actualmente todas incluidas en el demanio.
Esto supone que solo estarían incluidas en el dominio público las dunas de la primera cadena más próxima al mar, y siempre que se demuestre una relación directa entre éstas y la estabilidad de las playas, lo que puede complicarse, si es lo que se quiere, por ejemplo, en playas encajadas o apoyadas en obras marítimas.
Los criterios para la aplicación de esta norma son por lo tanto muy delicados porque pueden desproteger y permitir la urbanización de multitud de sistemas dunares como, por ejemplo y solo en Galicia, los de playas muy relevantes como: Limens, Barra, La Lanzada, Areabrava, Corrubedo, Das Furnas, Ancoiradoiro, Louro, Carnota, Trece, Traba, Baldaio, Doniños, San Xurxo, Valdoviño, Santa Marta de Ortigueira, Viveiro o Foz, y otras muchas en toda la costa.
c. Instalaciones de cultivos marinos y salinas La nueva ley establece que se excluirán del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, destinados a actividades de cultivo marino o a salinas marítimas, aun cuando sean naturalmente inundables. Se trata de otra disposición dirigida a zanjar a favor de intereses privados, con nombres y apellidos, situaciones muy concretas, referidas a salinas utilizadas como tales o para cultivos marinos y que son, en general, terrenos bajos, inundables naturalmente, en los que se retiene y distribuye el agua con obras artificiales.
Con cualquiera de las leyes de Costas aprobadas, hasta las menos proteccionistas, esos espacios son calificables de dominio público marítimo terrestre por ser terrenos inundables por las mareas, hayan sido o no deslindados como tales. Tampoco hay razón alguna para que estas actividades económicas no se puedan desarrollar en régimen de concesión, como hasta ahora, o con más motivo si se amplía el plazo a 75 años, y haya que regalarles el espacio de las salinas a los concesionarios.
Se trata de una auténtica fechoría desamortizadora que favorecerá directamente a algunos personajes, que han ocupado puestos relevantes en el Partido Popular y en el Gobierno. La ley y el dominio público puestos una vez más al servicio de intereses privados por un Gobierno plagado de altos funcionarios (Abogados del Estado, Registradores, TACs, etc).
No contentos con lo anterior, la nueva ley hace mención expresa, como actividades permitidas en la zona de protección, porque no pueden tener otra ubicación, únicamente a los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, no sea que exista algún problema si estas instalaciones no solo ocupan el dominio público que se les regala, sino también zona de protección.
Y para completar la super- protección de la actividad privada de cultivos marinos, se establecen en la nueva ley unos cánones específicos super-reducidos, tanto de ocupación, para el caso de que quede alguna instalación (diques, etc) que siga estando en el dominio público, como de explotación por los altos rendimientos que se obtengan por metro cuadrado. Estos cánones se benefician además, de acuerdo con la ley, de bonificaciones, del 40% o del 25% por adhesión a sistemas de gestión y auditoría medioambiental.
Todo queda atado y bien atado. Encargo atendido.
d. Isla de Formentera
Para la Isla Formentera, en un alarde de equidad y de respeto al principio de universalidad de las normas, se establece un criterio de deslinde diferente del resto la costa, que se concreta en el flujo y reflujo de las mareas (que tienen en la Isla una carrera máxima de algo más de 20 cm).
Para la Isla de Formentera se hace también una definición de playa distinta de la general, exigiendo a los “arenales o pedregales” que tengan una “superficie casi plana”, por lo que cualquier playa que tenga escarpes, dunas, taludes, etc, no lo sería en dicha isla.
e. Paseos marítimos y ribera del mar
La línea exterior de los paseos marítimos que la Administración General del Estado haya construido, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y la entrada en vigor de la presente ley, se entenderá a todos los efectos como línea interior de la ribera del mar.
Ese criterio ya existe con legislación actual, pero supone la desafectación de cualquier paseo marítimo construido sobre el dominio público en régimen de concesión.
f. Exclusión discrecional, ex lege, de determinados núcleos de población de la costa.
Se excluyen discrecionalmente del dominio público-marítimo terrestre 10 núcleos de población que se enumeran en un anexo de esta ley, con la extensión que allí se establecerá, cuyos terrenos pasarán a ser bienes patrimoniales.
Se trata de una exclusión sin justificación objetiva ni límite alguno que arrastrará una serie de peticiones de exclusión en cadena. Sin duda otra voladura controlada de la Ley de Costas.
Este Anteproyecto quiebra así el principio esencial de la legislación de Costas de que todos y cada uno de los 8.000 kilómetros de litoral español, son un bien de todos cuya titularidad pública está especialmente protegida en la Constitución Española (Artículo 132. 2): “Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial…” La solución evidente para obviar esta protección constitucional es modificar la definición de dominio público, rompiendo el principio de aplicación universal a toda la costa.
g. Deslindes
Por otra parte se le abre ahora a la Administración un nuevo capítulo de revisión de los deslindes, para tener en cuenta todas las modificaciones anteriores, cuando en 24 años no ha sido capaz de realizar los deslindes de toda la costa, debiendo ahora, además, inscribir obligatoriamente en el registro todos espacios deslindados lo que supone una avalancha de inscripciones y anotaciones registrales.
La nueva ley introduce otras modificaciones sobre las zonas de protección y de tránsito, las situaciones de “fuera de ordenación” de la ley de 1988, la transmisión de concesiones, la utilización del dominio público marítimo- terrestre y de las playas, la denominada cláusula anti-Algarrobico, las definiciones incorporadas, etc, igualmente graves que no tienen cabida en un texto periodístico necesariamente breve. Como dice el Preámbulo de la nueva ley:
“En suma, esta reforma pretende sentar las bases de un uso del litoral que sea sostenible en el tiempo y respetuoso con la protección medioambiental. Con este fin, los cambios que se introducen otorgan certeza y claridad, al tiempo que resuelven los problemas que a corto plazo planteaba la legislación anterior”. Amén.
Fernando Palao fue secretario de Estado de Transportes en el anterior Gobierno socialista
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/05/actualidad/1349450918_953777.html
