La Ley de Costas evita la demolición de 3.000 viviendas en la Comunitat

La Ley de Costas evita la demolición de 3.000 viviendas en la Comunitat
La norma salva un millar de casas en Alicante, Santa Pola y Oliva al excluirlas del dominio público y amplía la concesión del resto a 75 años
06.10.12 – 00:26 – EFE/B. LLEDÓ | VALENCIA.

LAS CLAVES
Zonas que se salvan.
Consiguen la amnistía viviendas de la urbanización de Rocafel en Alicante, del puerto de Santa Pola y algunas de Oliva. A ellas se suman otras de Girona (Empuriabrava, Platja d’Aro), Huelva y Málaga.
Ampliación plazos.
Para el resto de viviendas afectadas por los deslindes de 1988, la reforma concede una prórroga de las concesiones de 75 años tanto a los inmuebles como a los chiringuitos construidos en la playa.

Más de 3.000 viviendas situadas en primera línea de costa de la Comunitat que estaban amenazadas por el deslinde de 1988 evitarán su demolición. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de Costas que reforma la actual normativa y que excluye del dominio público marítimo-terrestre a cerca de 1.000 casas en el litoral valenciano. Además, amplía en 75 años más las concesiones del resto de viviendas afectadas.
Un millar de propiedades de playa ya no se regirán por la normativa, al dejar de formar parte del dominio público marítimo-terrestre. Desaparece así el peligro de derribo para ellas. Se trata de los apartamentos y viviendas situados en la urbanización Rocafel en Alicante, el puerto de Santa Pola y parte del área afectada de Oliva (aunque no toda, según fuentes municipales). El Ministerio de Medio Ambiente ha priorizado estos núcleos y les ha dado esta solución definitiva. «El documento nos reconoce como zona urbana», destacó ayer la presidenta de la Asociación de vecinos ‘Sol Naciente’ de Alicante, Teresa Alonso. En esta zona quedan a salvo alrededor de 800 propietarios que se encuentran en primera línea litoral a la altura de la Serra Grossa. También se incluyen aquí un establecimiento hotelero que no está en funcionamiento, varios restaurantes y una piscina. Culmina así una lucha para ellos que se prolongaba dos décadas.
¿Qué ocurre con el resto de viviendas de la Comunitat afectadas por la Ley de Costas? La reforma mejora la situación jurídica de los propietarios de las más de 2.000 edificaciones que estaban en riesgo ya que amplía en 75 años más el plazo de sus concesiones.
Por tanto, de momento, se garantiza la permanencia de inmuebles de Alicante, Elche, la comarca de la Marina y El Saler. También los situados en los municipios castellonenses de Nules, Moncofa y Almenara. Precisamente vigilantes de Costas se han acercado en los últimos días a esta zona tras el temporal para supervisar los trabajos que están haciendo los propietarios de las casas que se encuentran en dominio público marítimo-terrestre y comprobar que sólo están reparando y no ampliando.
Lo cierto es que si el Gobierno no concediera esta prórroga, en 2018 habrían comenzado a caducar los primeros permisos. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, justificó ayer el cambio de la norma «por la imagen de España que se generaría al efectuar demoliciones masivas dentro de tan sólo cinco años, cuando expirarían casi 2.000 concesiones».
La nueva ley también va a permitir que los concesionarios de estas casas puedan venderlas y efectuar reformas. Eso sí, se prohíbe que estas obras supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie. Además, el texto acepta la transmisión mortis causa e intervivos de las propiedades.
Cañete quiso dejar claro que la nueva norma beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa «pero no es una amnistía de situaciones ilegales, ya que establece un marco regulatorio mucho más claro que permitirá evitar la sensación de arbitrariedad. No es más laxa ni más tolerante». El titular de la cartera de Medio Ambiente insistió en que todo lo que sea ilegal en la costa «será demolido y lo legal que estaba sometido a concesión se prorrogará a petición de sus titulares».
Protección del litoral
Este nuevo texto pretende solucionar la «conflictividad» que ha generado la anterior Ley de Costas de 1988, que estaba «desconectada de la realidad» y que no ha cumplido «debidamente» sus objetivos de protección de la costa.
A juicio del ministro, los cambios introducidos deben «mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permitir dar salida a los ‘stocks’ de vivienda que muchas veces, por la imagen de inseguridad jurídica, lleva a frenar las inversiones en el litoral».
http://www.lasprovincias.es/v/20121006/comunitat/costas-evita-demolicion-viviendas-20121006.html