Costa huérfana
Costa huérfana
La nueva ley alivia la presión de la administración sobre terrenos situados en dominio público sin que el programa de rescate de parajes emblemáticos del anterior gobierno haya cuajado
JOSÉ SIERRA
VALENCIA El Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de octubre una modificación de la Ley de Costas de 1988 a la que ha llamado «tramposamente», según las organizaciones ecologistas, «Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral». Su promotor, el ministro Miguel Arias Cañete, sostiene que es una ley que se apoya en tres objetivos: «reforzar la protección del litoral conciliándola con actividades económicas sostenibles, (…) reforzar la seguridad jurídica en el litoral, y generar confianza y certidumbre en las ocupaciones de la costa y la actividad económica».
Los ecologistas desconfían y mucho. Para Asunción Ruiz, directora Ejecutiva de SEO/BirdLife, «la nueva Ley de Costas no se ha realizado por y para la defensa del bien común, pues recorta un bien público, blinda concesiones privadas y añade riesgos financieros y jurídicos al Estado». No se trata solo, dicen, de prorrogar concesiones a propietarios que viven desde hace años en viviendas ahora deslindadas dentro del dominio público o de autorizar chiringuitos, sino de si la nueva ley será suficiente para proteger o rescatar del ladrillo las últimas costas que no han sido masivamente urbanizadas. Según un informe elaborado en 2007 por el Ministerio de Medio Ambiente „ «Estrategia para la Sostenibilidad» de la costa valenciana„ , la recuperación de la integridad física y funcionalidad de los sistemas naturales obligaba a intervenir en 605 millones de metros cuadrados y a adquirir una superficie aproximada de 60 millones de metros cuadrados. Una tarea titánica y probablemente de imposible ejecución.
En cualquier caso, la nueva ley supone un cambio radical respecto a la anterior que se produce sin que el desarrollo de los instrumentos legales de la norma de 1988 haya permitido rescatar alguno de esos lugares emblemáticos.
El Hotel del Algarrobico, pendiente de derribo, es quizá el caso más emblemático, pero no el único. En 2005, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentaba un ambicioso programa de adquisición de fincas en el que tenía revisto invertir 61 millones de euros.
En la Comunitat Valenciana, el ministerio puso sus ojos en el edificio Ánfora, de Finestrat; el antiguo cementerio de los ingleses de Denia; la Torre del Guerro, también en Denia; la playa de l´Ahuir, en Gandia y la antigua factoría de Plexi en Valencia.
En 2005, el ministerio aceleraba los trámites y la Generalitat Valenciana quiso entonces, de la mano del exconseller Rafael Blasco, introducir en el listado sus propias propuestas„hasta 88 fincas„ sin éxito, mientras Costas proponía el rescate de la Renegá (Orpesa) y la compra de terrenos en Cullera (Brosquil) y Tavernes, proyectos de los que nunca más se supo.
El ministerio declaró de utilidad pública e inició los expedientes de expropiación de los cinco espacios costeros incluidos inicialmente. Sin embargo, solo uno de los cinco proyectos, el de Finestrat, finalizaba en 2010 tras 40 años de litigios con el derribo del edifico Ánfora, cuyo solar sigue en espera de destino.
«La Plexi»
A pocos kilómetros de Valencia, en la pedanía de Pinedo, el ministerio autorizó en 2005 la expropiación de los terrenos ocupados por antigua fábrica Plexi, por entonces ya en ruinas y refugio para hombres en busca de encuentros sexuales. En total, 16.248 metros cuadrados por los que el Estado pretendía pagar 1.712.430 euros. Sus propietarios, la todopoderosa Llanera, por entonces una de las principales promotoras urbanísticas valencianas, recurrieron argumentando que habían pagado 12 millones de euros. Se trataba de una cifra astronómica para un suelo situado dentro del dominio público, no urbanizable e incluido dentro del Parque Natural de la Albufera. La oposición socialista en el Ayuntamiento de Valencia denunció públicamente las maniobras en torno a este solar. Llanera, es obvio, esperaba una recalificación urbanística que no se produjo. El pasado julio, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia rechazó el recurso del Banco de Valencia, actual propietario tras la quiebra, de Llanera, y fijaba el justiprecio en 2,7 millones de euros. En el auto del TSJ se recordaba que la expropiación no paga «expectativas», por sólidas que fueran entonces para el promotor, ni los «factores especulativos».
Presiones
La pelota está ahora de nuevo en el tejado de Costas. La alcaldesa pedánea de Pinedo, Amparo Navarro, confesaba esta semana que no tenía «ni la menor idea» de las intenciones del Ministerio de Agricultura para la Plexi, pese a que los terrenos que ocupa la antigua fábrica, ahora derribada, son la continuidad natural hacia el sur de la playa y del «ecológico» paseo marítimo de la pedanía de Valencia, muy castigada por la regresión del litoral provocada por la ampliación del Puerto de Valencia. Al norte de Gandia sobrevive milagrosamente virgen la playa de l´Ahuir. A su espalda, unos naranjos abandonados fueron declarados urbanizables en 1983, aunque con una densidad tan baja que sus propietarios no han considerado la posibilidad de su urbanización.
El ministerio declaró de utilidad pública la expropiación de 200.000 metros cuadrados de playa, dunas y servidumbres que valoró en 614.200 euros.
El pleito está todavía pendiente de la decisión del jurado de Expropiación, pero en Gandia, los cambios en la ley de Costas han hecho que suenen de nuevo tambores de guerra.
El actual alcalde, Arturo Torró, tiene claras sus preferencias y las ha manifestado abiertamente en público: la última playa semisalvaje de Valencia bien merece un «resort» para 1.500 camas, aunque matiza que el complejo debe respetar el parque natural colindante. Su proyecto parece encajar como un guante en la nueva «Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral».
Mucho más retrasados „en realidad sin noticias desde que en marzo de 2007 el Gobierno de España aprobó su expropiación„ se encuentran los expedientes para el rescate de la torre del Guerro y el Cementerio de los Ingleses en Dénia.
El ministerio ha desistido en lo relativo el viejo cementerio donde la colonia inglesa que exportaba las pasas cultivadas en La Marina enterraba a a finales del siglo XIX a sus anglicanos muertos. A los pescadores de la época no les venía bien que los arrojaran al mar porque, según decían, los herejes ahuyentaban la pesca… El cementerio ocupa 1.942 metros cuadrados para los que se destinaron 279.338 euros que el Estado no desembolsará finalmente.
Argumenta que este enclave, aunque de de elevado valor histórico, paisajístico y sentimental, situado en primera linea de la playa de Les Rotes, ya está suficientemente protegido por las normas urbanísticas, que lo incluyen como Bien de Relevancia Local. También en Dénia, el expediente para la recuperación del emblemático espacio litoral dominado por la torre vigía del Guerro. Se trata de 60.000 metros cuadrados de terreno que el estado valoró en 279.338 euros. El expediente expropiatorio se encuentra muy retrasado y su futuro, ahora, parece cada vez más complicado.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/10/18/costahuerfana/945025.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/10/18/costahuerfana/945025.html
