Aprobada la nueva Ley de Costas
La nueva Ley de Costas evitará la demolición de 3.000 viviendas del litoral
Permite que 362 restaurantes y chiringuitos amplíen su concesión a 75 años
Más de 12.000 personas habitan en las viviendas que se salvarán del derribo
Efe | Valencia
La nueva Ley de Costas evitará la demolición de 3.000 viviendas ubicadas en dominio público marítimo-terrestre de la Comunidad Valenciana, en las que se estima que habitan unas 12.000 personas, ya que permitirá a sus propietarios ampliar la concesión de sus casas por otros 75 años.
La delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, ha explicado este viernes las novedades más destacadas de esta reforma aprobada el jueves por el Gobierno y ha incidido en sus beneficios para la protección del medio ambiente y los derechos de propietarios e intereses económicos de los establecimientos.
De hecho, el nuevo texto permitirá que 362 restaurantes y chiringuitos que se encuentran en dominio público marítimo-terrestre amplíen su concesión a 75 años y que puedan, al igual que los 67 hoteles en la costa, acometer remodelaciones para modernizarse sin implicar aumento de volumen ni superficie, según la delegada.
La nueva normativa también supondrá que se evite la demolición de 1.426 viviendas de Alicante (Serra Grossa y Santa Pola), Valencia (Oliva) y Castellón (Xilxes), debido a que han perdido su morfología de ribera de mar y por tanto, quedan excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
‘Estabilidad y seguridad’
Sánchez de León ha asegurado que la reforma de la Ley de Costas, que databa de 1988, se ha enfocado desde la «racionalidad, el sentido común y el realismo» y ha hecho hincapié en la «estabilidad y seguridad» que da a un sector que entre hoteles, restaurantes y chiringuitos factura más de 160 millones de euros y da empleo directo a mas de 9.000 personas en toda la Comunidad.
Según la delegada, la anterior ley era «insuficiente» e incluso «perjudicial» en muchos casos y la nueva norma «prohíbe» edificar en la costa y «frena el deterioro» de lo ya construido, ya que permite a los establecimientos modernizar sus construcciones, además de ofrecer «seguridad jurídica» a los propietarios de viviendas.
Ha destacado que «se anticipa a futuros problemas urbanísticos», ya que permite que se suspendan cautelarmente actuaciones urbanísticas que luego puedan llegar a ser demolidas por ilegales hasta que se pronuncien los tribunales.
Igualmente, por primera vez «discrimina» las playas urbanas de las vírgenes y mejora la definición técnica del concepto público marítimo-terrestre y permite excluir de este concepto a un total de 1.426 núcleos habitados «históricamente consolidados», 1.252 en la provincia de Alicante, 67 en la de Valencia y 107 en Castellón.
‘Mejora la situación jurídica’
La delegada ha destacado que la reforma de la Ley de Costas «mejora la situación jurídica para los antiguos propietarios que se vieron privados de sus bienes con la Ley de 1988», ya que amplía la concesión de 30 a un máximo de 75 años, lo que impedirá que sus viviendas tengan que ser demolidas. Además, permitirá que los propietarios de las concesiones puedan vender sus derechos, hipotecarlos o transmitirlos en herencia.
Asimismo, la ley prevé que los bienes en territorio de dominio marítimo-terrestre se inscriban en el registro de propiedades para su consulta por cualquier ciudadano.
Sánchez De León ha incidido en que el nuevo texto «fomenta» la actividad económica en la costa, ya que asegura la continuidad de los establecimientos, que podrán solicitar una prórroga de hasta 75 años en función del uso, previa acreditación de que no hay peligro para la protección medioambiental.
Con la nueva normativa, estos establecimientos con concesión administrativa podrán acometer reformas siempre que no superen el volumen y la superficie existente.
Para chiringuitos y merenderos temporales la normativa amplía a 4 años la concesión de la autorización, lo que agiliza el proceso y se remite al desarrollo del reglamento futuro en un plazo de seis meses para concretar las dimensiones y características que deberán tener.
Sánchez de León ha calificado de «ejercicio de irresponsabilidad» que el PSOE no haya apoyado la aprobación de esta reforma que «mejora las expectativas de ciudadanos, empresarios y medio ambiente».
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/10/valencia/1368202635.html
.
125.000 viviendas se beneficiarán de la reducción de protección para la costa
24.000 propiedades levantadas en dominio público se beneficiarán del derecho de trasmisión y se prorroga la concesión a sus propietarios hasta 75 años de otras 12.800
JUANA VIÚDEZ Madrid 9 MAY 2013 – 11:40 CET130
El mismo día en que se aprobará de forma definitiva la nueva Ley de Costas, el PP ha cuantificado en el Congreso de los Diputados el número de viviendas que quedarán amnistiadas tras haber reducido la protección al litoral. El partido en el Gobierno estima que unas 125.000 viviendas construidas en zona de servidumbre pasarán de estar sometidas a un estricto régimen de protección de la costa, que les impide realizar cualquier tipo de obra, a ser consideradas como zona urbana, por lo que tendrán permiso para modificar sus estructuras. Al menos tres de los expertos que participaron en la elaboración de la Ley de Costas de 1988, que quedará derogada en parte, alertan de que estos cambios contribuirán a macizar el litoral español porque dejan el control de estas futuras modificaciones en manos de los Ayuntamientos y bajo supervisión de las Comunidades Autónomas.
La diputada María Teresa Lara, portavoz de la comisión de Medio Ambiente, ha pretendido desmontar las «falacias» de los partidos en la oposición, a los que ha acusado de desconocer la exactitud la nueva norma. «Intentamos proteger nuestro litoral», ha insistido. Los tres conceptos con los que el PP vincula la nueva normativa son significativos: empleo, crecimiento económico y riqueza.
Siguiendo con los cálculos hechos públicos hoy durante el debate de la Ley en el Congreso unas 24.000 propiedades levantadas en dominio público se beneficiarán del derecho de trasmisión, es decir, que podrán ser heredadas, vendidas, alquiladas; se prorroga la concesión a sus propietarios hasta 75 años de 12.800 viviendas construidas en primerísima línea de costa y las amnistías a urbanizaciones de 12 núcleos costeros supondrán otras 3.400 viviendas salvadas. Con respecto a la industria, unas 1.700 instalaciones industriales, «que suponen 17.000 empleos», podrán seguir operando. «Las empresas que se instalen cerca de la costa tendrán que presentar informes medioambientales a las comunidades autónomas», ha subrayado Lara.
Para los populares, el deslinde de dominio público impulsado por la Ley de Costas de 1988 estaba incompleto y se había hecho de forma arbitraria. Los expertos estiman que ronda el 95% y los tribunales lo han respetado en una proporción muy alta. La diputada popular ha defendido que no se privatizará el litoral, que los principales beneficiados no son los ricos, sino personas humildes y que no se van a amparar ni amnistiar viviendas ilegales construidas después de 1988. La votación de la Ley será esta tarde y entrará en vigor tras su publicación en el BOE.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/09/actualidad/1368092434_768793.html
.
CON LA INTRODUCCIÓN DE LAS ENMIENDAS DEL SENADO
La reforma de la Ley de Costas culmina su trámite parlamentario en el Congreso
El proyecto de ley excluye del dominio público marítimo terrestre a Moaña (Pontevedra) entre otros 11 municipios
SANTIAGO/MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) –
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma presentada por el Gobierno a la Ley de Costas de 1988 con la aprobación de las enmiendas introducidas por el PP en el Senado. Esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, prevista en los próximos días.
El trámite parlamentario se inició en diciembre, cuando el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defendió en el Pleno del Congreso que la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no respondía a los fines y objetivos que pretendía (mantener y conserva el litoral), además de haber fomentado un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.
En aquel momento, PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, ERC y Compromís-Equo, pidieron en sus enmiendas a la totalidad que el texto fuera devuelto al Gobierno, aunque sin éxito, puesto que fueron rechazadas. Ya en febrero, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó esta reforma con el apoyo del PP, la abstención de CiU, y el voto de la oposición. Esta votación se repitió en la ‘segunda fase’ del trámite parlemantario, ya en el Senado, el pasado 24 de abril.
SE INCORPORA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Este jueves en el Congreso se han ratificado las enmiendas presentadas en la Cámara Alta. Todas ellas han contado con el voto a favor del PP y la abstención o voto en contra de la oposición, salvo en materia de cambio climático, que ERC ha apoyado a los ‘populares’.
Se trata de la primera vez que se plantea en la Ley de Costas incorporar una regulación específica para luchar contra el cambio climático en la costa española, además de que impone al Ministerio de Medio Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático de cara a mitigarlos.
Según ha defendido Arias Cañete este jueves en el Congreso, esta Ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, y aumentando en todo caso su protección.
Se prohíben también nuevas edificaciones en el litoral, tanto en el dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona adyacente de servidumbre de protección. Se mantiene la prohibición de la edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.
Igualmente, excluye núcleos de población (no los amnistía porque ya eran legales) del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o empresas.
En concreto, el proyecto de ley excluye del dominio público marítimo terrestre un total de 12 municipios: el poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).
Desde Coalición Canaria, la diputada Ana Oramas ha criticado que el archipiélago no aparezca en ningún momento en la ley, a la vez que se ha preguntado por qué sólo se han excluido esos 12 municipios y no se ha tenido en cuenta a Canarias, un argumento que considera suficiente para rechazar la ley, aparte de que cree que esta reforma no protege la costa.
ANCHURA DE SERVIDUMBRE
Además, en esta reforma se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros y únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988. Eso sí, se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.
Según puntualiza Medio Ambiente, la reducción de la servidumbre sólo se podrá producir respecto de núcleos costeros que antes de 1988 tuvieran un carácter urbano, según unos requisitos marcados en la disposición transitoria primera de la Ley, y solamente para el núcleo delimitado. Por tanto, defiende que no se podrán autorizar nuevas construcciones dentro de los núcleos delimitados. «Es decir, se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988, sin que implique permitir un solo edificio más en la costa», justifica.
En cuanto los chiringuitos, la Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio público marítimo terrestre y Medio Ambiente señala que se les dará más seguridad, en cuanto a plazos y condiciones de la concesión, a la vez que se les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas.
Sobre las concesiones, se prorrogan las concesiones de los propietarios de viviendas situadas en la playa antes de 1988, hasta un máximo de 75 años. Durante la concesión y sus prórrogas se debe garantizar la conservación de la costa y, además, se va a exigir a los empresarios la corresponsabilización en esa conservación del domino público.
Este es uno de los puntos que más polémica ha suscitado entre los nacionalistas del BNG, en relación a la licencia a la empresa Ence, situada en la ría de Pontevedra que, según insisten, es contaminante.
NOVEDADES DE LA LEY
Sobre este punto la reforma incluye también el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.
La normativa contempla también la posibilidad de celebrar eventos de interés general con repercusión turística en algunos tramos de playa y que se puedan permitir los usos comerciales y de restauración en la zona de servicio portuaria, donde se prohíben las edificaciones para residencia o habitación.
Desde el PSOE e ICV, sus portavoces parlamentarios han anunciado que están estudiando presentar un recurso en contra de esta ley ante el Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera varias directivas europeas, tratados internacionales, aparte de carecer de una memoria económica y favorecer la privatización de la costa, que llevó a España al ‘boom inmobiliario’ y consecuente crisis económica.
Ambos coinciden igualmente en que esta normativa podría vulnerar el artículo 132 de la Constitución, relativo al régimen jurídico de los bienes de dominio público.
Del lado nacionalista, tanto Martí Barberà de CiU, como Joseba Agirretxea del PNV, han coincidido al resaltar que las enmiendas presentadas en el Senado a la normativa suponen una invasión de competencias.
OPOSICIÓN DE LOS ECOLOGISTAS
Desde el primer momento su tramitación la ley ha contado con la oposición de los grupos ecologistas quienes han tachado este día de «duelo» al haberse aprobado la Ley que, a su juicio, no tiene «ningún espíritu de protección».
Precisamente, este mismo jueves por la mañana, justo cuando comenzaba el debate de las enmiendas del Senado sobre esta ley un grupo de activistas de Greenpeace se han encaramado al techo del Congreso para protestar contra la normativa y han llegado a mostrar una pancarta en la que se podía leer ‘El PP vende nuestras costas’. La protesta se ha saldado con ocho detenidos.
http://www.europapress.es/galicia/noticia-reforma-ley-costas-culmina-tramite-parlamentario-congreso-20130509181244.html
.
El Congreso aprueba definitivamente la reforma de la Ley de Costas
El juez impone comparecencias mensuales a activistas que escalaron el Congreso
En libertad los 8 activistas detenidos por subirse al tejado del Congreso
09 de mayo de 2013. 03:26h
larazon.es. Madrid.
El Congreso ha aprobado hoy la polémica Ley de Costas, que el PP defiende como una «protección» para el litoral, que evitará incluso casos como el del hotel Algarrobico, mientras buena parte de la oposición, y numerosas ONG en la calle, la tildan de «amnistía» y de un paso mas para «privatizar» la costa española.
La cámara ha aprobado hacia las cuatro de la tarde definitivamente la reforma de la Ley de Costas de 1988 con los votos del Grupo Popular, la abstención de CIU y el voto en contra del resto de la oposición a la mayoría de las enmiendas, con alguna salvedad como la de ERC que ha apoyado una sobre el cambio climático.
La aprobación de la nueva norma sobre el litoral español se ha producido en una jornada en la que un grupo de activistas de Greenpeace se han encaramado al tejado del Congreso y han desplegado una pancarta que decía: «El PP vende nuestra costa».
Un total de ocho ecologistas han sido detenidos y han sido puestos a disposición de la Audiencia Nacional, y podrían ser acusados de intentar vulnerar el recinto de la Cámara baja, que estaba reunida en sesión plenaria para aprobar la nueva Ley.
La nueva norma, según ha defendido el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, garantiza la conservación del litoral, «y no lo privatiza», al tiempo que salva de la demolición a más de 1.200 industrias y 25.000 viviendas ubicadas antes de 1988 en el litoral, al contar ahora con una nueva concesión de 75 años.
La reforma no permitirá ninguna nueva construcción en la zona del litoral protegida y además establece instrumentos «para evitar las barbaridades urbanísticas» como la del Hotel de El Algarrobico, ha explicado el ministro a los medios de comunicación tras asistir al debate dentro del hemiciclo.
La privatización del litoral y el anuncio de desmanes urbanísticos eran los argumentos más esgrimidos por la oposición. Izquierda Plural ha pedido incluso el apoyo de otros grupos para poder presentar un recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional.
Olaya Fernández Dávila (BNG) ha acusado al Gobierno de aprovechar la reforma para «primar la desprotección de la costa» y Teresa Jordá (ERC) ha considerado que supone una «escandalosa privatización» del bien público; argumento con el que ha coincidido también Xabier Errekondo, de Amaiur.
Laia Ortiz (Izquierda Plural) ha manifestado que la reforma empeora la anterior por la ampliación de las concesiones, y por la reducción de las zonas de servidumbre, de 100 a 20 metros en determinados núcleos.
También Jose Luis Ábalos (GS) ha destacado que se trata de una reforma que da respuesta a los intereses económicos y seguridad jurídica a los negocios, lo que demuestra que para el Gobierno del PP «la costa solo es un espacio económico», mientras que Toni Cantó (UPyD) ha esgrimido que incide en el ladrillo y favorece los abusos.
Entre los grupos nacionalistas, tanto Joseba Aguirretxea (PNV) como Ana Oramas (CC) han afirmado sentirse defraudados porque el PP no les ha admitido varias enmiendas para salvar determinadas propiedades o poblados.
Finalmente el diputado de CIU, Martí Barbera ha argumentado su abstención en el hecho de que se invaden competencias, pero ha agradecido que se haya recogido la singularidad de urbanizaciones no terrestres como la de Empuria Brava.
A los que se han opuesto frontalmente a la reforma, Teresa Lara (PP) les ha respondido que sus afirmaciones sobre privatización, trato privilegiado o atentado ecológico «avergüenzan por su demagogia y falsedad y demuestran un desconocimiento inadmisible».
Tanto el PP como el Gobierno han insistido en explicar que el nuevo texto afronta los problemas que no pudo solucionar el anterior, y que prohíbe expresamente la construcción en dominio público y en la zona adyacente de servidumbre de protección, así como cualquier incremento de lo ya edificado.
Otra novedad, según los defensores de la Ley, es la distinción entre playas urbanas y playas naturales, incrementando la protección de estas últimas.
También se evita, afirman, que se pueda adquirir de buena fe un inmueble en la costa y descubrir después que, en realidad, no se es propietario porque el bien está afectado por el deslinde del dominio público.
Para ello se prevé la inscripción obligatoria de los bienes en el Registro de la Propiedad.
Además serán amnistiadas un total de doce barriadas históricas situadas, entre otras, en Girona (Empuriabrava, Platja de Aro), Huelva (Ría Punta Umbría), Alicante (Rocafel, Puerto de Santa Pola), Valencia (Oliva), Málaga (El Palo y Pedregalejo), Castellón (Xilxes) y Pontevedra (Moaña).
Formentera tendrá un deslinde especial por su configuración geológica, y se excluye también del dominio público marítimo terrestre las dunas artificiales y las muertas, y también se exime a las salinas.
Las principales organizaciones ecologistas españolas han condenado unánimemente la reforma de la Ley de Costas por considerarla un retroceso en la protección medioambiental del litoral y la llave para abrir la puerta a un proceso claro de privatización de las costas.
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2196064/espana/el-congreso-aprueba-definitivamente-la-reforma#.UY0jC6LvgXY
.
ABC
La ley de Costas sale adelante con el voto en contra de los socialistas
Día 09/05/2013 – 18.03h
La normativa a la que se opone el PSPV salva los chiringuitos de playa y más de
2.000 viviendas en la Comunidad Valenciana
El Congreso ha aprobado hoy la Ley de Costas, que el PP defiende como
una «protección» para el litoral, que evitará incluso casos como el del hotel
Algarrobico, mientras buena parte de la oposición, y numerosas ONG en la
calle, la tildan de «amnistía» y de un paso mas para «privatizar» la costa
española.
La Cámara ha aprobado hacia las cuatro de la tarde definitivamente la reforma
de la Ley de Costas de 1988 con los votos del Grupo Popular, la abstención de
CIU y el voto en contra del resto de la oposición a la mayoría de las enmiendas,
con alguna salvedad como la de ERC que ha apoyado una sobre el cambio
climático.
Los socialistas valencianos han votado en contra de una normativa quesalva a
los chiringuitos de playa y a más de 2.000 viviendas en el litoral alicantino.
La aprobación de la nueva norma sobre el litoral español se ha producido en
una jornada en la que un grupo de activistas de Greenpeace se han encaramado
al tejado del Congreso y han desplegado una pancarta que decía: «El PP vende
nuestra costa».
Un total de ocho ecologistas han sido detenidos y han sido puestos a
disposición de la Audiencia Nacional, y podrían ser acusados de intentar
vulnerar el recinto de la Cámara baja, que estaba reunida en sesión plenaria
para aprobar la nueva Ley.
La nueva norma, según ha defendido el ministro de Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, garantiza la conservación del litoral, «y no lo privatiza», al
tiempo que salva de la demolición a más de 1.200 industrias y 25.000 viviendas
ubicadas antes de 1988 en el litoral, al contar ahora con una nueva concesión de
75 años.
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20130509/abci-costas-votocontra-
201305091756.html
.
ANTENA
APORTARÁ SEGURIDAD JURÍDICA A 1.200 INDUSTRIAS
La nueva Ley de Costas pretende prorrogar la demolición de 125.000 viviendas
Este jueves se aprueba la Ley de Costas. Según el Gobierno, pretende dar
seguridad jurídica a más de 1.200 industrias y 125.000 viviendas construidas
antes de 1988, y que debían ser demolidas con la actual legislación. Sólo en
Málaga, había que derribar dos barrios enteros levantados a pocos metros del
mar. Ahora sus propietarios respiran más tranquilos.
antena3.com | Madrid | Actualizado el 09/05/2013 a las 21:37 horas
La Ley de Costas aprobada este jueves concede la amnistía a 125.000 viviendas,
12 nucleos costeros entre los que se encuentran dos barrios malagueños: el de
El Palo y el de Pedralejo. Municipios enteros como el de San Andrés
construído hace medio siglo en primerísima línea al norte de Gran Canaria,
consiguen ahora una prórroga. Tenían una concesión de 30 años que con la
nueva ley pasan a ser 75. Cambia por tanto su situación.
En la Playa de San Juan, Alicante, hasta ocho chiringuitos lograron licencia en
1975 para ser construídos en la orilla. Tras varios pleitos en 2010 fueron
demolidos, sin embargo, hoy otros cinco han vuelto a ser levantados
aunque cumpliendo con la zona de protección de 100 metros. Tampoco el
barrio costero de Cho Vito en Tenerife, derribado porque invadía el espacio
marítimo terrestre, estará entre las viviendas beneficiadas con la nueva ley de
costas.
Mientras, los ocho activistas de Greenpeace detenidos tras llevar a cabo
unaprotesta en el Congreso de los Diputados en la que llegaron incluso a
encaramarse en el tejado del edificio para manifestar su rechazo contra la nueva
Ley de Costas declararán esta tarde ante el juez de la Audiencia Nacional Javier
Gómez Bermúdez después de que la Policía les haya atribuido la comisión de
un delito contra las altas instituciones del Estado.
http://www.antena3.com/noticias/espana/nueva-ley-costas-pretende-prorrogardemolicion-
125000-viviendas_2013050900157.html
.
